Trabajarán 260 horas menos al año en comparación con los trabajadores del sector privado, que mantienen una jornada de 40 horas
En un movimiento que marca un hito en las condiciones laborales del sector público español, los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) verán reducida su jornada semanal a 35 horas a partir de finales de febrero o inicios de marzo.
Esta medida, pactada entre el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT, implica que estos empleados trabajarán aproximadamente 260 horas menos al año en comparación con los trabajadores del sector privado, quienes mantienen una jornada estándar de 40 horas semanales.
En términos prácticos, esto equivale a un ahorro de más de seis semanas laborales, o un mes y medio menos de trabajo anual, según información de Artículo 14.
El Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública, liderado por Óscar López, ha iniciado los trámites necesarios para implementar esta reforma, incluida la convocatoria de la Comisión Superior de Personal y la Mesa General de la Administración.
El acuerdo forma parte del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, un pacto que busca modernizar el empleo público y mejorar el equilibrio entre vida laboral y personal.
Las mujeres, las grandes beneficiadas
Sin embargo, esta reducción no se extenderá a todos los ámbitos públicos: quedarán excluidos los empleados de administraciones locales (más de 632.000), autonómicas (casi 1.935.000), las Fuerzas Armadas, los Cuerpos de Seguridad del Estado (280.000) y el personal de Justicia (14.400).
Uno de los grupos más beneficiados serán las mujeres, que representan más de la mitad del personal afectado en la AGE. Más de 125.000 funcionarias verán aliviada su carga laboral, lo que podría contribuir a reducir la brecha de género en el ámbito profesional.
Los sindicatos, de fiesta
Los sindicatos han celebrado este avance, aunque insisten en que quedan pendientes otras demandas clave. Por ejemplo, CCOO y UGT exigen la recuperación inmediata de la jubilación anticipada parcial, un mecanismo que permite reducir progresivamente la jornada mientras se cobra parte de la pensión antes de la edad ordinaria. «Hacemos un llamamiento al Gobierno y a los grupos parlamentarios para que actúen con responsabilidad y zanjen un problema que afecta a miles de empleados públicos», declararon representantes de estos sindicatos, según detalla Artículo 14.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha recordado que esta medida llega con más de tres años de retraso respecto a los compromisos iniciales.
Además, urgen al Gobierno a avanzar en otros aspectos del acuerdo, como la actualización de cuantías por servicio, el refuerzo de Muface (el sistema de mutualidad para funcionarios) y la clasificación profesional de personal técnico superior y medio. Esta última busca ordenar los puestos según responsabilidades, formación y funciones, garantizando salarios justos y oportunidades de promoción.
Rechazo de PP y VOX
Este cambio reaviva el debate sobre las disparidades entre el sector público y privado. Mientras el empleo público avanza hacia horarios más flexibles, el privado sigue anclado en las 40 horas, tras el rechazo de VOX y PP a una propuesta para reducirla a 37,5 horas. Críticos argumentan que esto podría generar desigualdades y afectar la productividad nacional, aunque defensores lo ven como un paso hacia una sociedad más equitativa.
En paralelo, el Gobierno continúa negociando para encontrar «el instrumento normativo adecuado» que garantice la jubilación parcial, como avanzó el ministro López.
Con el calendario en marcha, esta reforma podría inspirar similares ajustes en otros sectores, aunque por ahora se limita al ámbito estatal. El impacto total afectará a más de 246.000 funcionarios, marcando un antes y un después en la función pública española.
