El Ayuntamiento de Gerona ha dado un paso más en su cruzada identitaria: acaba de activar un sistema de delación lingüística para que los ciudadanos puedan denunciar a empresas y comercios que no utilicen el catalán. Una especie de buzón anónimo donde el «delito» es hablar castellano, la lengua oficial del Estado, convertida en enemigo público por el independentismo local.
La medida no llega sola. El consistorio advierte que todas las empresas que no se plieguen a las llamadas “cláusulas lingüísticas” se enfrentan a sanciones. Es decir, si no rotulan en catalán, si no atienden en catalán, si no ofrecen sus servicios en catalán, quedarán fuera de los contratos públicos. Una forma de chantaje institucional con fines ideológicos. Así, se fuerza a pequeñas y medianas empresas a someterse a una única lengua si quieren sobrevivir económicamente.
En paralelo, el Ayuntamiento impulsa campañas “de sensibilización” en el comercio y la hostelería. La intención es clara: imponer el catalán como única lengua legítima, relegando al castellano a un segundo plano o directamente al silencio. Los bares y tiendas se convierten ahora en agentes políticos del separatismo lingüístico, obligados a participar en una narrativa que nada tiene que ver con el servicio ni la atención al cliente.
Pero el adoctrinamiento no termina ahí. Se destinarán fondos públicos a premiar a jóvenes influencers que promuevan el catalán en redes sociales. Bajo la etiqueta de promoción cultural, lo que se impulsa es una campaña de propaganda entre los más jóvenes, los mismos que crecen ya en un entorno digital mayoritariamente en castellano y en contacto con el mundo exterior.
En la administración municipal, el catalán será la única lengua admitida. Toda comunicación institucional se hará exclusivamente en catalán. Esto excluye a miles de ciudadanos castellanohablantes, muchos de ellos mayores o inmigrantes, que no dominan la lengua regional. El mensaje es claro: si no hablas catalán, no existes para tu Ayuntamiento.
El alcalde de Gerona, Lluc Salellas, ha sido tajante: hay que “revertir el retroceso del catalán en todos los ámbitos”, incluyendo incluso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las que exige que hablen catalán en sus actuaciones. Una exigencia que ya roza el delirio, considerando que muchos agentes no son ni siquiera de origen catalán y que están ahí para garantizar la seguridad, no para someterse a una política lingüística partidista.
En definitiva, estas medidas no son un acto de protección de una lengua ni de respeto por la diversidad. Son una maniobra ideológica, una estrategia de exclusión y control. La lengua se convierte en arma política, y quien no se alinea, queda fuera. Gerona no fomenta el catalán: lo impone. Y lo hace desde el castigo, la censura y la delación.
