Tras años de dejadez gubernamental e incluso requerimientos judiciales, un nuevo decretazo regula la reubicación de menas desde territorios saturados al resto de España
El Gobierno del marido de Begoña Gómez y las comunidades autónomas aprobaron este miércoles, en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, el reparto de un crédito extraordinario de 22 millones de euros destinado a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla para reforzar la atención a inmigrantes ilegales menores no acompañados (menas).
La reunión, celebrada de forma telemática el 24 de septiembre, dio luz verde a estas transferencias que serán ejecutadas por el Ministerio de Juventud e Infancia.
Tras requerimientos judiciales por la inacción del Gobierno, un decretazo como solución
La ministra Sira Rego, presidenta de la Conferencia Sectorial, subrayó que el Ejecutivo está poniendo “todos los recursos necesarios” a disposición de los gobiernos autonómicos “para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de acogida y que prevalezca el interés superior de los niños, niñas y adolescentes”.
En paralelo, el Gobierno continúa trabajando en el desarrollo de un real decreto-ley que regule la reubicación de menores desde los territorios en situación de contingencia migratoria extraordinaria, como Canarias, Ceuta y Melilla, hacia otras comunidades.
Sánchez usó la Abogacía del Estado para no encargarse de menas solicitantes de asilo
Tras múltiples incumplimientos gubernamentales del mandato judicial, el Tribunal Supremo reiteró este mes de julio al Ejecutivo de Sánchez su obligación de hacerse responsable de los menas ilegales de Canarias que desean solicitar asilo.
La alta instancia judicial rechazó la solicitud del Gobierno de abrir un incidente de ejecución respecto a las medidas cautelares que el propio TS ordenó previamente en esta materia. En ese recurso, la Abogacía del Estado alegaba supuestos problemas de coordinación con las comunidades autónomas.
Ante la dejadez del Ejecutivo del yerno de Sabiniano, el TS advirtió el mes pasado de la imposición de medidas coercitivas a quienes sean responsables de la adopción de las medidas, porque se desoyeron anteriores requerimeintos.
