ATME denuncia que el Gobierno no tiene ‘fondos para mantener los cuarteles en buen estado, pero de repente encuentran millones para adaptarlos como centros de acogida’
La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha denunciado la “falta total de previsión” del Ministerio de Defensa, tras confirmarse que el Acuartelamiento General Arteaga, situado en el barrio madrileño de Carabanchel, será desalojado antes de final de año para acoger a inmigrantes ilegales sin dar alternativas de vivienda a los propios militares que aún residen en las instalaciones.
El cierre definitivo del recinto está previsto para el 1 de enero de 2026, aunque el 15 de diciembre marca la fecha límite para que decenas de militares abandonen sus alojamientos. Muchos de ellos, pertenecientes al Ejército de Tierra, han recibido la orden de desalojo con apenas cuatro meses de margen para reorganizar sus vidas, denuncia The Epoch Times España.
Cuatro meses para buscarse la vida con un alquiler en Madrid sin apoyo del Gobierno
El 4 de agosto, un correo electrónico impersonal notificó a los afectados su expulsión del recinto militar. La ATME asegura que se trata de una decisión “inhumana y sin planificación”, y alerta de que muchos de los afectados carecen de alternativa habitacional.
«La Administración no puede dejar a sus miembros en una situación tan precaria, sobre todo a militares destinados con carácter forzoso o que, por proceder de los centros de formación, no tienen derecho a compensación económica por cambio de destino», denunció la asociación en un comunicado oficial.
“Es fundamental que se proporcionen soluciones viables y se garantice una transición ordenada con apoyo institucional para evitar que nuestros militares queden desamparados«, alerta la Asociación, habida cuenta de que los militares desahuciados pueden acabar en albergues civiles o literalmente en la calle.
Una crisis habitacional para la tropa, no para los ilegales
Los soldados afectados cobran entre 1.300 y 1.400 euros netos mensuales, una cifra insuficiente para afrontar los alquileres en Madrid, donde la media supera los 1.200 euros. Muchos mantienen a sus familias en otras regiones, como Andalucía o Extremadura, y dependen de los alojamientos militares para poder servir en la capital.
Las alternativas ofrecidas por Defensa son inviables, bien por falta de plazas, como por listas de espera de meses, como ocurre en la Base de Pozuelo o en la Residencia Logística San Fernando.
El legado de Sánchez: reconvertir cuarteles en centros de acogida de ilegales
El trasfondo de esta decisión se remonta a 2023, cuando el Gobierno de Sánchez, ante el colapso de la inmigración ilegal en Canarias, improvisó lo que llamó: Plan de Contingencia para la Atención Humanitaria.
El Acuartelamiento Arteaga, un recinto de ocho hectáreas parcialmente en desuso, se cedió al Ministerio de Inclusión. El 10 de noviembre de 2023, llegaron los primeros 170 ilegales a sus nuevas instalaciones, con capacidad para 1.220 plazas ampliables a 1.400.
Desde entonces, miles de ilegales han pasado por el complejo, convertido en centro temporal de acogida. “Es frustrante que no haya fondos para mantener nuestros cuarteles, pero sí millones para adaptarlos a usos políticos”, lamentó el presidente de ATME en El Español.
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