Se gastará por 2 millones de euros en la adquisición del antiguo monasterio de monjas de San Agustín y acogerá a 17 ilegales de Canarias
Cambiar monjas por menas: el guiño simbólico hacia inmigración ilegal africana del PSOE azul. El Gobierno de La Rioja, presidido por Gonzalo Capellán (PP), compra un convento recién abandonado por las monjas agustinas, ubicado en el Camino Viejo de Oyón en Logroño, por 2 millones de euros, perderá sus elementos religiosos y se transformará para uso residencial temporal.
La administración regional destinará este inmueble de 12.500 metros cuadrados a centro de acogida para 17 menas procedentes principalmente de Canarias. La operación busca dar respuesta inmediata a la saturación de la red actual de pisos tutelados, que alcanza las 153 plazas al 100 % de ocupación.
El Gobierno popular riojano insiste en que la compra responde a una necesidad urgente derivada de las políticas de reparto de Sánchez y garantiza que mantendrá una atención integral a los menas. En su defensa de la operación, precisó que pagará con 3,9 millones traspasados por el Ministerio para la acogida de los ilegales y se felicitó porque el monasterio pasará a formar parte del patrimonio público y, en un futuro, podrá destinarse a otras finalidades o servicios públicos.
Marca PSOE: opacidad e incertidumbre por su reparto obligatorio de ilegales
El líder de VOX en la rioja, Ángel Alda, criticó el coste de la medida y calculó que supondrá 140.000 euros por mena ilegal acogido en el inmueble. Por su parte, en declaraciones recogidas por Ok Diario, el portavoz gubernamental riojano, Alfonso Domínguez afirmó: «Nos impone un cambio de modelo ya que tenemos mucha incertidumbre sobre cuántos menores y cuándo van a venir».
El citado medio precisa que La Rioja es la única región en manos del Partido Popular que no ha recurrido legalmente los decretazos de Sánchez para imponer el traslado de menas que ahora critican, sobre todo por el coste de dinero público ya reseñado.
La Rioja recibió ya a 17 ilegales trasladados desde Canarias, Ceuta y Melilla, y espera la llegada de otros siete en las próximas semanas. Aunque en un primer momento se habló de hasta 107 menores que podrían corresponder a la comunidad, el Ejecutivo prefiere actuar con cautela. El consejero portavoz confirmó que la región ampliará su modelo de acogida, hasta ahora basado en pisos pequeños e individualizados, con esta nueva instalación.
