El juicio a García Ortiz ha quedado visto para sentencia
El juicio celebrado en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, evidenció un fuerte choque entre la versión de la Fiscalía y la de la acusación popular. La documentación aportada por Google ha sido determinante: según esos datos, los correos electrónicos relevantes para el caso fueron eliminados, mientras que otros mensajes sin importancia permanecieron intactos.
Durante su intervención, el abogado de la acusación popular, Fernando García Capelo, explicó que la comisión rogatoria enviada a Google confirmó la existencia de correos en la cuenta personal de Gmail de García Ortiz. No obstante, únicamente aparecieron mensajes irrelevantes para la investigación. En cambio, los emails enviados de madrugada por la fiscal provincial Pilar Rodríguez —considerados fundamentales para esclarecer la posible filtración— habían desaparecido. Para Capelo, este hecho refleja un “borrado selectivo” orientado a eliminar contenido comprometedor.
El letrado destacó también que la eliminación de la cuenta de Gmail se produjo después de que García Ortiz accediera a esos correos, justificando la decisión en que quería evitar la recepción de mensajes ofensivos. La acusación considera que esta explicación resulta insostenible, especialmente por coincidir con la apertura de la causa judicial.
Otro punto crítico de la vista oral fue la gestión del teléfono móvil del fiscal general. Capelo recordó que García Ortiz solicitó un nuevo dispositivo en mayo de 2024, aunque no lo activó hasta cinco meses después, justo cuando el Supremo inició diligencias contra él. Para la acusación, resulta imposible desligar ese retraso de la supuesta filtración de los correos clave. Capelo —en representación de Foro Libertad y Alternativa, y junto a VOX y HazteOir— insistió en que ya no quedan dudas razonables sobre la eliminación intencionada de información comprometedora.
Frente a estas acusaciones, García Ortiz defendió que borra habitualmente sus conversaciones de WhatsApp y sus correos electrónicos por motivos de seguridad, asegurando que no conserva datos durante más de un mes. Argumentó asimismo que los mensajes eliminados el 16 de octubre de 2024, fecha en la que fue imputado, no afectaban a los días que la acusación considera determinantes: entre el 8 y el 14 de marzo.
La acusación replicó que el fiscal general no aportó ninguna prueba técnica —ni capturas de pantalla ni configuraciones internas— que demuestre la activación del borrado automático cada 24 horas. Añadieron que quienes emplean esa función suelen tener pruebas indirectas, como solicitudes de reenvío de mensajes eliminados, algo que no se produjo en este caso.
Los informes de la UCO reforzaron las sospechas: únicamente se conservaron 54 correos electrónicos, ninguno de ellos relacionado con los hechos investigados. Para Capelo, la coincidencia temporal entre el acceso a la documentación y la presunta filtración resulta demasiado precisa para ser casual. También criticó que el fiscal general utilizara una cuenta personal de Gmail alegando que los mensajes tardaban en llegar a su correo oficial, un argumento que, según la acusación, carece de solidez.
La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, defendió a García Ortiz durante la sesión. Sostuvo que, incluso si hubiera difundido el correo sobre Alberto González Amador, la información ya circulaba entre varios medios próximos al Gobierno antes de que el fiscal la conociera. También defendió la legitimidad de los borrados y negó cualquier repercusión procesal.
García Ortiz explicó que renueva su teléfono aproximadamente una vez al año para evitar acumular dispositivos antiguos. Justificó el cambio de móvil de octubre de 2024 por un viaje a Brasil y afirmó haber requerido asistencia técnica para restaurar los certificados de seguridad. Reconoció igualmente el uso de su cuenta personal de Gmail por comodidad y aseguró haberla cerrado en diciembre tras recibir mensajes que calificó de amenazantes.
La sesión concluyó con dos relatos completamente opuestos: mientras la Fiscalía afirma que los borrados se ajustan a protocolos de seguridad, la acusación considera que la información aportada por Google demuestra que solo se eliminaron los correos decisivos y se conservaron los irrelevantes. Para la acusación, la evidencia técnica contradice de manera directa la versión del fiscal general.
