La legislación antidesahucios, la inseguridad jurídica y el intervencionismo del Gobierno socialcomunista hunden el mercado del alquiler
El golpe fiscal del Gobierno de Sánchez que castiga al propietario y premia a los inquiokupas. El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) confirmó que los propietarios de viviendas en alquiler deben declarar en el IRPF las rentas de los contratos, incluso cuando los inquilinos no pagan. La medida afecta tanto a residentes en España como a no residentes y se basa en una doctrina del Tribunal Supremo de 2021.
Según el TEAC, “los rendimientos del capital inmobiliario se imputarán al periodo impositivo en que sean exigibles por su perceptor”, aunque no se cobren. Esto obliga a los arrendadores a incluir esas cantidades en su declaración de la renta como ingresos íntegros de capital inmobiliario, con la posibilidad de deducir posteriormente los llamados saldos de dudoso cobro.
En la práctica, recuerda Epoch Times, la norma significa que el propietario tiene que declarar la renta anual aunque el inquilino moroso no haya abonado ni un euro, algo que agrava la ya tensa situación del mercado del alquiler.
Un mercado tensionado por leyes y decretos
La resolución del TEAC se suma a otras medidas que, según los arrendadores, perjudican a los propietarios. Entre ellas está la prórroga del decreto antidesahucios, que suspende lanzamientos a cambio de indemnizaciones “muy inferiores al precio real de los inmuebles”.
La Agencia Tributaria permite deducir los saldos de dudoso cobro cuando han pasado seis meses desde el primer intento de cobro o si el inquilino entra en concurso de acreedores. Sin embargo, muchos pequeños propietarios consideran esta vía insuficiente, ya que Hacienda les exige tributar por ingresos que nunca perciben mientras los procesos judiciales se alargan.
Organizaciones como la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) advirtieron que “sin seguridad jurídica y garantías, no hay incentivos para poner viviendas de alquiler”.
Mientras el Gobierno mantiene medidas excepcionales nacidas en la pandemia, como la suspensión de desahucios para vulnerables hasta finales de 2025, los arrendadores acumulan deudas y una carga fiscal cada vez más difícil de sostener.
