‘Las instituciones no pueden usarse para fabricar mayorías electorales ni manipular la composición del cuerpo social’
La asociación ciudadana, Hazte Oír, anunció este miércoles que interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo en cuanto el Gobierno publique en el Boletín Oficial del Estado la regularización de inmigrantes que PSOE y Podemos acaban de negociar.
HO considera que esta medida, de carácter electoralista, pretende modificar de forma acelerada el electorado mediante vías administrativas, lo que choca con los principios de neutralidad institucional y sometimiento pleno a la ley.
“Las instituciones no pueden utilizarse para fabricar mayorías electorales ni para manipular la composición del electorado. Si el Gobierno cruza esa línea, habrá respuesta jurídica inmediata”, concluye la asociación.
La nota de prensa de HO señala que el PSOE convierte una decisión de gran trascendencia en un instrumento de ventaja partidista que, en la práctica, supone una “compra de voluntades” a través del poder reglamentario.
‘Intento de condicionar el escenario electoral mediante una regularización masiva’
“No estamos ante una política pública ordinaria, sino ante un intento de condicionar el escenario electoral mediante una regularización masiva y oportunista”, señalaron fuentes de Hazte Oír.
Por este motivo, la entidad subrayó que una medida de semejante alcance exige justificación reforzada, motivación rigurosa y respeto estricto a los principios constitucionales.
HO acudirá al Supremo porque existe un evidente interés público en evitar que una actuación presuntamente arbitraria genere efectos irreversibles mientras se tramita el procedimiento.
Recurso inmediato ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
La asociación recuerda en su nota de prensa que el recurso contencioso-administrativo se podrá presentar en el plazo de dos meses desde la publicación en el BOE y que lo interpondrán ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, dada la naturaleza de la disposición y del órgano que la apruebe.
“Las instituciones no pueden utilizarse para fabricar mayorías electorales ni para manipular la composición del electorado. Si el Gobierno cruza esa línea, habrá respuesta jurídica inmediata”, concluyó la entidad.
