El despropósito de la izquierda en España provoca un descuido dramático de los servicios públicos: el empoderamiento femenino en Egipto, prioritario
La controversia sobre el uso de fondos públicos por parte del Gobierno español en proyectos de cooperación internacional ha vuelto a la agenda política, impulsada por denuncias de VOX. Y es que se destinan millones de euros a iniciativas en el extranjero, algunas consideradas «surrealistas» o ideológicas, mientras se descuida el mantenimiento de servicios públicos esenciales en España. Esto ha provocado un aumento en accidentes mortales relacionados con infraestructuras y seguridad laboral.
Recientemente, se ha revelado que el Ejecutivo ha asignado 150.000 euros a un proyecto en Brasil para el «fortalecimiento y protección de indígenas LGTBIQIA+ del pueblo guaraní», canalizado a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Este programa, gestionado por el colectivo Distrito Drag, busca promover la libre orientación sexual y los derechos humanos de grupos vulnerables mediante el arte drag y acciones culturales. Según fuentes oficiales, el objetivo es combatir el racismo y la violencia en comunidades indígenas, pero detractores lo ven como un ejemplo de gasto ideológico innecesario.
De manera similar, desde 2021, el Gobierno ha destinado cerca de 500 millones de euros en cooperación con Egipto, enfocados en áreas como la innovación digital en agricultura, la inclusión económica de mujeres en El Cairo y la salud reproductiva en regiones como Beheira.
Empoderamiento de las sudamericanas
Estos fondos incluyen subvenciones directas y créditos reembolsables, con proyectos como el empoderamiento socioeconómico de mujeres en el Alto Egipto mediante soluciones digitales y ecológicas. Sin embargo, se cuestiona la transparencia y la posible falta de contraprestaciones, especialmente en un contexto de visitas oficiales del presidente Pedro Sánchez al país africano.
VOX ha sido el principal denunciante de estos gastos, calificándolos de «derroche» y exigiendo su eliminación para priorizar necesidades internas. Los de Abascal han criticado en múltiples ocasiones la financiación de asociaciones feministas y LGTBI a través de la AECID, argumentando que se trata de «imposiciones ideológicas» en países vulnerables en lugar de ayuda real.
Vulvas dialogantes y falocentrismo
Entre los ejemplos más citados por VOX se encuentra el taller «Vulvas Dialogantes desde vivencias Trans«, financiado en 2022 por la Embajada española en Honduras. Esta actividad, que involucraba esculpir vulvas con arcilla para «reconocer su diversidad» y combatir el «falocentrismo», fue organizada por la Cooperación Española y ha sido tildada de «absurda» por opositores, quienes la usan como símbolo de malgasto de impuestos.
Derechos LGTBi en África
Además, VOX ha señalado fondos destinados a proyectos en África relacionados con derechos LGTBI, empoderamiento de mujeres y hasta iniciativas culturales que incluyen videojuegos o arte experimental, argumentando que estos recursos deberían redirigirse a España.
En regiones como Tarragona o Albacete, el partido ha protestado contra partidas locales de cooperación internacional, proponiendo condicionar la ayuda a la colaboración en temas migratorios. «Es un auténtico derroche con la crisis que vivimos en España», ha declarado la portavoz de VOX Carla Toscano en intervenciones parlamentarias pasadas.
Deterioro de los servicios públicos
Esta polémica se agrava al contrastarla con el deterioro de servicios públicos en España.
En carreteras, la Dirección General de Tráfico reportó 1.119 fallecidos en siniestros viales en 2025, un 3% menos que en 2024, pero expertos atribuyen muchas muertes al «déficit de mantenimiento» acumulado en infraestructuras interurbanas, donde ocurre el 70% de los accidentes. «España sufre más mortalidad laboral que países como Holanda o Alemania, y el Gobierno prioriza proyectos ideológicos en el exterior», critican desde VOX.
El Gobierno defiende estas inversiones como parte de su compromiso con el desarrollo sostenible y los derechos humanos globales, argumentando que fortalecen la imagen internacional de España. Sin embargo, ante la presión, se ha llamado a una mayor transparencia en la AECID.
