Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez sigue vendiendo en Bruselas unas cifras macroeconómicas dopadas por el gasto público y la deuda, la realidad a pie de calle cuenta una historia muy diferente y mucho más dolorosa. Diciembre de 2025 sella el destino de millones de hogares españoles: la inflación, lejos de ser el fenómeno «temporal» que prometió Nadia Calviño, se ha cronificado y estructuralizado en nuestra economía. Esta Navidad pasará a la historia como la más cara jamás registrada, convirtiendo tradiciones y productos básicos en artículos de lujo fuera del alcance de una clase media cada vez más menguante.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), depurados de la cocina del CIS, son demoledores. Aunque el índice general pueda mostrar cierta moderación por la volatilidad de la energía, la inflación subyacente —la que realmente marca la temperatura de la economía doméstica al excluir productos frescos y energía— sigue instalada en niveles insoportables. La cesta de la compra es hoy un 25,6% más cara que hace tres años. El aceite de oliva, convertido en oro líquido; las carnes y pescados, prohibitivos; e incluso las verduras y hortalizas registran subidas de doble dígito que destrozan cualquier presupuesto familiar.
El «impuesto de los pobres» que el Gobierno no quiere deflactar
La inflación actúa como un impuesto silencioso y regresivo, castigando con mayor dureza a las rentas bajas y medias que destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo básico. Sin embargo, para el Ministerio de Hacienda, esta escalada de precios ha sido una bendición recaudatoria. El Estado ha ingresado cifras récord en concepto de IVA e IRPF, aprovechándose de la subida nominal de precios y salarios para no ajustar los tramos del impuesto sobre la renta. Es lo que los economistas llaman «recaudación por inflación»: los españoles son más pobres en términos reales, pero pagan más impuestos que nunca.
La negativa del Ejecutivo a deflactar la tarifa del IRPF, una medida que han adoptado incluso gobiernos socialdemócratas en Europa, evidencia una voracidad fiscal sin límites. Cada vez que un ciudadano paga un 10% más por su compra semanal, Hacienda se lleva su parte proporcional «extra», financiando con el sufrimiento de las familias una estructura de gasto político paquidérmica y una red de subvenciones clientelares.
La trampa de las estadísticas y los fijos discontinuos
Para maquillar esta pérdida de poder adquisitivo, el Gobierno recurre a la propaganda. Se habla de «crecimiento robusto» y «récord de empleo», pero se oculta que la productividad por hora trabajada en España sigue estancada y divergiendo de la media europea. Los salarios, aunque suban nominalmente, compran mucho menos que antes. Además, la figura del fijo discontinuo sigue distorsionando las cifras del paro, ocultando una precariedad laboral que impide a los jóvenes emanciparse y a las familias planificar su futuro con un mínimo de seguridad.
Expertos independientes y servicios de estudios como el de BBVA o Funcas advierten de que la situación no mejorará a corto plazo en 2026. La retirada definitiva de las medidas anti-crisis (rebajas del IVA a alimentos y energía), exigida por las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea para contener el déficit, supondrá un nuevo golpe al bolsillo en enero. La «cuesta de enero» amenaza con convertirse en un muro vertical insalvable para miles de economías domésticas.
Sectores al límite: del campo a la mesa
La crisis de precios no solo afecta al consumidor final, sino que está destruyendo el tejido productivo. Agricultores y ganaderos denuncian que, aunque el precio en el supermercado sube, sus márgenes se estrechan debido al aumento de costes de producción (fertilizantes, piensos, burocracia verde). La Ley de la Cadena Alimentaria, vendida como la panacea, ha demostrado ser papel mojado. El resultado es el cierre de explotaciones y una mayor dependencia de importaciones de terceros países (Marruecos, Turquía) que no cumplen las mismas normativas sanitarias ni laborales, introduciendo una competencia desleal que hunde nuestro sector primario.
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En resumen, España cierra 2025 más pobre, más endeudada y con una presión fiscal asfixiante. Mientras los discursos oficiales hablan de «escudo social», la realidad es que la única protección de las familias está siendo tirar de los ahorros acumulados durante la pandemia, una hucha que, según el Banco de España, está ya prácticamente vacía. Vienen tiempos duros, y la autocrítica en Moncloa brilla por su ausencia.
