Los inmigrantes que se acojan a la regularización masiva aprobada por el Gobierno podrán solicitar el cambio de nombre y sexo en España sin necesidad de tener nacionalidad española. Y podrán hacerlo aunque el Ejecutivo no haya desarrollado todavía el reglamento específico que debía concretar el procedimiento.
La clave está en la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans, conocida como ley trans, que abrió la puerta a que personas extranjeras puedan rectificar la mención registral relativa al sexo y, en su caso, al nombre.
Cambio de nombre y sexo sin nacionalidad española
La ley trans establece que cualquier persona española mayor de 16 años puede solicitar la rectificación registral del sexo y la adecuación documental correspondiente.
Pero el artículo 50 amplía ese derecho a personas extranjeras que acrediten la imposibilidad legal o de hecho de realizar ese cambio en su país de origen.
Para ello deben cumplir los requisitos generales de la norma, con una excepción clara: no se exige la nacionalidad española.
En la práctica, los requisitos básicos son:
- Ser mayor de 16 años.
- Solicitarlo ante el Registro Civil.
- Acreditar la imposibilidad de hacerlo en el país de origen.
El Gobierno revisará si existen impedimentos legales o materiales en el país de procedencia y deberá comunicarlo en el plazo de un mes.
Sin reglamento desarrollado pero con cambios ya realizados
La propia ley establecía que el Ejecutivo debía habilitar por vía reglamentaria los procedimientos concretos para aplicar estas previsiones a personas extranjeras.
Ese desarrollo normativo debía completarse en el plazo de un año desde la entrada en vigor en 2023.
Sin embargo, ese reglamento no ha sido aprobado.
Pese a ello, el Gobierno ha reconocido por escrito que ya se vienen realizando cambios registrales de nombre y sexo en documentos expedidos en España, adecuándolos a la rectificación efectuada en el país de origen y conforme al documento de identidad extranjero.
Según el Ejecutivo, no ha sido necesario desarrollo reglamentario adicional para llevar a cabo esas modificaciones.
Regularización masiva y efectos inmediatos
El contexto es relevante.
A finales de enero, PSOE y Podemos acordaron una regularización masiva de inmigrantes que posteriormente fue aprobada en Consejo de Ministros.
La medida afecta a personas que residan en España antes del 31 de diciembre de 2025 y podría beneficiar a más de medio millón de personas.
Para acceder al proceso deberán acreditar al menos cinco meses de estancia mediante:
- Empadronamiento.
- Citas médicas.
- Certificados de asistencia a recursos sociales.
- Contrato de alquiler.
- Justificantes de envíos de dinero.
- Billetes de transporte.
Desde el momento de la solicitud:
- Quedan suspendidos procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos.
- Se puede obtener autorización provisional de residencia.
- Se permite trabajar legalmente y acceder a asistencia sanitaria.
Si la resolución es favorable, se concede una autorización de residencia por un año, tras el cual puede solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
Qué implica en la práctica
Con este marco, los inmigrantes regularizados podrán acogerse a los mecanismos previstos en la ley trans para solicitar el cambio de nombre y sexo, siempre que cumplan los requisitos establecidos.
El debate político se centra en dos puntos:
- La extensión de estos derechos a personas sin nacionalidad española.
- La aplicación práctica sin desarrollo reglamentario específico.
Mientras el Gobierno defiende que actúa dentro del marco legal vigente, sus socios parlamentarios han planteado preguntas sobre la falta de aprobación del reglamento prometido.
La combinación entre regularización masiva y posibilidad de rectificación registral para extranjeros abre un nuevo frente político y jurídico en materia migratoria y de identidad.
