Responsables del 70% de los delitos: «Antes se ocultaba para evitar estigmatización, los datos sirven para contrarrestar discursos manipulados»
En un giro que expone la hipocresía de las políticas progre, el Gobierno de Cataluña ha desclasificado los datos sobre la nacionalidad de los detenidos. Era una información que durante años se mantenía en secreto bajo el pretexto de «evitar la estigmatización».
Lo que prometía ser un tabú intocable ha revelado una cruda realidad: el mayor porcentaje de criminales en las calles de Cataluña procede de inmigrantes ilegales, con marroquíes y argelinos a la cabeza. Ellos representan cerca del 70% de los arrestos por delitos graves. Decir esto antes era ser facha, pero los datos mandan y no dejan lugar a dudas. Los datos son fachas.
Esta bomba informativa, destapada por ABC, desmonta el relato oficial de integración pacífica y pone en jaque la «llamada» a la inmigración descontrolada promovida por la izquierda.
Montserrat Iglesias, experta en seguridad y portavoz de asociaciones policiales, no ha podido ser más clara: «Antes se ocultaba para evitar la estigmatización, pero los datos reales sirven para contrarrestar discursos manipulados». Y manipulados están, sin duda.
Mientras el Govern de ERC y los comunes repetían el mantra de que la delincuencia es un problema «social» ajeno a orígenes, los informes policiales acumulados durante una década muestran lo contrario. En 2024, por ejemplo, de los 15.000 detenidos en Cataluña por robos, agresiones y tráfico de drogas, un alarmante 65% eran extranjeros sin papeles. De estos, el 40% eran marroquíes y el 30% argelinos, según fuentes internas de los Mossos d’Esquadra filtradas a ABC.
Bandas organizadas en Cataluña
Estas cifras, que incluyen bandas organizadas dedicadas al menudeo de heroína en barrios como El Raval o La Mina, no son anécdotas: son la norma en un sistema que ha priorizado el buenismo sobre la seguridad de los españoles.
El escándalo no es nuevo, pero su escala sí. Desde la llegada masiva de pateras en las costas catalanas, facilitada por políticas de fronteras laxas y subvenciones a ONGs que actúan como taxis humanos, la criminalidad ha escalado un 25% en los últimos cinco años. Son estadísticas del Ministerio del Interior (otra ahora institución facha-socialista).
80% de violaciones: norteafricanos ilegales
Y no hablemos de las violaciones y acosos en las Ramblas. El 80% de los agresores sexuales detenidos en Barcelona el año pasado eran norteafricanos ilegales, muchos reincidentes expulsados previamente pero que regresan con la misma facilidad con la que entran. La respuesta del Gobierno de Cataluña… Silencio cómplice y recursos para «acogida» en lugar de deportaciones.
Esta «llamada» implícita a la inmigración ilegal, disfrazada de humanitarismo, no es más que un suicidio colectivo que deja a familias catalanas y españolas aterrorizadas en sus propios hogares.
Expertos en criminología y sindicatos policiales, como el SUP, aplauden la divulgación: «La opacidad alimenta prejuicios; los hechos, soluciones», afirman. Pero ¿dónde están las soluciones de verdad?
Solo VOX exige el cierre de fronteras
VOX y solo VOX exige ya el cierre de fronteras, la expulsión inmediata de ilegales delincuentes y el fin de las subvenciones a entidades que incentivan la invasión. No se trata de xenofobia, sino de sentido común: la inmigración legal y controlada es bienvenida si aporta y respeta, pero la ilegal, convertida en plaga criminal, es una amenaza existencial.
Pedro Sánchez y sus aliados en Barcelona han jugado con fuego al ocultar estos datos, temiendo que desbarataran su narrativa multicultural. Hoy, los números hablan: el 70% de la criminalidad extranjera recae en marroquíes y argelinos, y el precio lo pagan los contribuyentes honrados.
Es hora de que España despierte. La divulgación de estas estadísticas no estigmatiza; denuncia la negligencia de un sistema que prefiere proteger al delincuente que al ciudadano. Si no actuamos, las calles de Cataluña y las de toda España se convertirán en un califato de impunidad.
VOX lo tiene muy claro: fronteras seguras, deportaciones masivas y cero tolerancia con la inmigración ilegal. Porque la seguridad no es un lujo; es un derecho.
