El caso que sacude a la Policía Nacional suma un nuevo capítulo. Interior ya ha decidido el nuevo destino del comisario Óscar San Juan, asesor del DAO cesado tras aparecer señalado en la querella por presunta agresión sexual que afecta al ex número dos operativo del Cuerpo. El movimiento no es menor: pasa de uno de los puestos más sensibles del organigrama policial a un destino técnico, discreto y lejos del foco mediático.
Mientras la investigación judicial y la información reservada siguen su curso, la decisión reabre el debate sobre cómo se gestionan las crisis internas en las altas esferas policiales.
Un traslado estratégico en plena tormenta
El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha recolocado a Óscar San Juan en la Comisaría General de Policía Científica. En concreto, asumirá la jefatura de la Brigada de Coordinación Operativa, bajo el mando de la comisaria principal María del Carmen Solís Ortega.
No es un destino cualquiera. Policía Científica es un área de alta tecnificación, pero con menor peso estratégico que la Dirección Adjunta Operativa, el auténtico corazón operativo del Cuerpo. En términos internos, supone un evidente paso atrás en visibilidad e influencia.
San Juan había sido cesado como asesor directo del entonces DAO, José Ángel González, tras conocerse su presunta implicación en las coacciones denunciadas por la inspectora que acusa al ex alto mando de agresión sexual.
La querella que lo cambió todo
La denunciante, inspectora del Cuerpo, no solo dirigió su querella contra el ex DAO por presunta agresión sexual. También señaló a San Juan por presuntas presiones para que no denunciara.
Según el relato aportado al juzgado, tres meses después de los hechos, el comisario la habría sometido a “presiones laborales” e intentos de coacción. Entre los episodios descritos figura una llamada el 13 de julio en la que, según la querella, le sugirió que eligiera destino y se lo comunicara por WhatsApp.
Finalmente, la inspectora fue destinada a la Subdirección de Recursos Humanos y Formación, ubicada en el mismo complejo que la Dirección Adjunta Operativa.
La víctima asegura disponer de un audio que respaldaría su versión. Ese material podría convertirse en pieza clave en el procedimiento judicial.
Información reservada y movimiento político
Tras estallar el caso, Grande-Marlaska anunció el cese inmediato de San Juan como asesor del DAO y la apertura de una “información reservada” dentro de la Policía Nacional para esclarecer las supuestas coacciones.
Esa investigación interna continúa. Pero el nuevo destino ya está asignado.
El traslado a un puesto técnico y menos expuesto plantea preguntas incómodas:
¿Es una medida cautelar encubierta?
¿Un simple ajuste organizativo?
¿O una forma de enfriar el foco mediático mientras avanza la causa?
Las medallas que ahora pesan más
El caso tiene otro elemento que alimenta la polémica. En octubre, con motivo del patrón de la Policía Nacional, Óscar San Juan recibió la medalla de plata al Mérito Policial.
Se trata de la mayor distinción en vida dentro del Cuerpo y conlleva un incremento vitalicio del 15% en la nómina y en la pensión.
El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, ha solicitado formalmente que se le retire la condecoración al considerar que resulta incompatible con los hechos que se le atribuyen en la querella.
El debate no es solo jurídico. Es simbólico. ¿Debe mantener esa distinción mientras pesa sobre él una investigación por presuntas coacciones en un caso tan grave?
Guerra interna en la cúpula policial
El escándalo ha destapado tensiones larvadas dentro del Cuerpo. La caída del ex DAO José Ángel González y la situación de su entorno más cercano han alterado equilibrios internos.
En las últimas semanas, la Policía Nacional no solo afronta una investigación judicial de enorme impacto mediático. También vive una recomposición de poder en sus niveles más altos.
Cuando un caso de presunta agresión sexual alcanza a la cúspide operativa, las consecuencias no son solo personales. Son estructurales.
Lo que está en juego ahora
La instrucción judicial deberá determinar si existieron coacciones reales y si hubo intento de silenciar a la denunciante. En paralelo, la investigación interna marcará posibles responsabilidades disciplinarias.
El traslado a Policía Científica no implica exoneración ni sanción. Es, de momento, un movimiento administrativo.
Pero en un contexto de máxima sensibilidad pública, cada decisión es interpretada como un mensaje.
Y el mensaje que muchos leen es claro: discreción, contención y tiempo.
Tiempo para que la justicia hable.
Tiempo para que la tormenta pase.
Tiempo para que la institución recupere estabilidad.
La pregunta es si bastará.
