La justicia examina un contrato de más de un millón de euros vinculado a la asociación Inserta, tras una denuncia impulsada por la izquierda andaluza
El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ha abierto diligencias previas para esclarecer posibles irregularidades en la adjudicación de un contrato público de la Junta de Andalucía, destinado a la gestión de pisos tutelados para jóvenes inmigrantes extutelados en la provincia de Málaga. La denuncia ha sido presentada por el grupo parlamentario Por Andalucía, vinculado a la izquierda radical, según ha informado el diario MálagaHoy
El contrato bajo investigación alcanza un importe de 1.016.390 euros y fue adjudicado a la entidad Inserta Andalucía, que también gestiona un acuerdo similar en Granada, elevando la cifra total a más de dos millones de euros.
Deficiencias en personal y posibles conflictos de interés
Según la denuncia, la asociación no habría cumplido con los requisitos mínimos exigidos en los pliegos de contratación, concretamente en lo que respecta a recursos humanos, al contar supuestamente con la mitad del personal exigido. Esta situación podría haber afectado negativamente a las condiciones de atención de los jóvenes residentes en dichos inmuebles, muchos de ellos menores extranjeros no acompañados en proceso de inserción social.
Además, la portavoz del grupo denunciante, Inmaculada Nieto, ha acusado en rueda de prensa a la Consejería de Inclusión Social de incurrir en un posible conflicto de intereses, al afirmar que familiares directos de un responsable de la Junta vinculado al expediente habrían sido contratados por Inserta. En concreto, se trataría de la esposa y el hijo de dicho funcionario, lo que podría dar lugar a sospechas de nepotismo o connivencia en el proceso administrativo.
La Justicia solicita documentación y traslada el caso a la Fiscalía
La titular del juzgado ha ordenado a la Junta que remita los expedientes completos de contratación y ha elevado el asunto a la Fiscalía para su análisis. También ha requerido al grupo denunciante que aporte fianza si desea continuar ejerciendo la acusación popular.
Desde Inserta Andalucía no se han pronunciado públicamente sobre el caso, que se encuentra aún en fase preliminar. Mientras tanto, los contratos siguen vigentes tanto en Málaga como en Granada, y no se ha ordenado su suspensión.
Contexto político y acusaciones cruzadas
El grupo Por Andalucía ha calificado el caso como un posible ejemplo de «corrupción estructural» que, a su juicio, salpicaría al actual Gobierno andaluz del Partido Popular. No obstante, desde sectores conservadores se señala que la denuncia, de momento, carece de pruebas concluyentes y podría responder a una estrategia política de desgaste de la oposición.
Este asunto pone el foco en la transparencia de las adjudicaciones públicas y en la necesidad de extremar el control sobre las entidades que gestionan servicios sociales sensibles, como es el caso de los menores migrantes sin tutela familiar, cuya atención debe regirse por criterios de profesionalidad y legalidad.
