Un nuevo foco de investigación en el sistema de acogida
Instituciones y cuerpos policiales han detectado en Álava un nuevo fenómeno preocupante: familias extranjeras que dejan a sus hijos menores en España para que entren en el sistema de acogida, lo que ha activado la alerta judicial y política.
Según fuentes judiciales, al menos cuatro progenitores han sido imputados por abandono de menores en Vitoria durante los últimos meses.
La Ertzaintza abrió un atestado en septiembre al descubrir el caso de un joven de 17 años abandonado tras llegar junto a su padre desde Marruecos. El menor fue acogido en el centro foral Bideberria, mientras la investigación sigue abierta.
La respuesta política: más control y revisión del sistema
El caso se suma a la operación de la Policía Nacional en Tarragona, que desmanteló una red dedicada al fraude en la acogida de menores y que habría estafado 1,5 millones de euros.
El asunto ha reavivado el debate político sobre la eficacia y transparencia del sistema.
Desde Vox, el secretario general Ignacio Garriga ha pedido “levantar todas las alfombras” y endurecer los protocolos para evitar el uso fraudulento de recursos públicos, mientras reclama mayor control y cooperación con los países de origen.
“No se trata de solidaridad, sino de un negocio que hay que investigar a fondo”, señaló Garriga durante su comparecencia.
El Gobierno central, por su parte, recuerda que la legislación española obliga a garantizar la protección de cualquier menor, independientemente de su procedencia, y que las comunidades autónomas son competentes en su gestión.
Debate sobre gasto y gestión autonómica
El fenómeno ha abierto un nuevo frente político en las autonomías. Vox insiste en que los fondos destinados a la acogida deben auditarse y pide que se destinen “a reforzar los servicios esenciales” en lugar de “alimentar redes opacas”.
El resto de grupos parlamentarios defienden el carácter humanitario del sistema, pero reconocen la necesidad de mejorar la supervisión y la trazabilidad de los fondos públicos.
Un reto estructural para España y Europa
Los expertos señalan que España se enfrenta a un desafío estructural: gestionar la llegada de menores migrantes sin acompañamiento en un contexto de presión demográfica y económica creciente.
Europa, advierten, tampoco ha resuelto este equilibrio entre protección y control.
“El sistema necesita transparencia, no confrontación política”, resume un funcionario foral. “Debe garantizar que la ayuda llegue a quien realmente la necesita”.
