El juez propone juzgar al productor y a otras 54 personas por formar parte de una organización dedicada a la estafa
Moreno, a juicio… El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, da por terminada la investigación del denominado caso Titella contra una red que captaba financiación de entidades bancarias e inversores privados a favor de sociedades que no tenían actividad real
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha propuesto juzgar a al productor Moreno y otras 54 personas. Todas formaban parte presuntamente de una organización criminal dedicada a conseguir financiación a favor de sociedades «maquilladas». En su mayoría carecían de actividad real y cuyo fin era «lucrarse de manera ilegítima».
En el auto, el magistrado propone juzgar a los investigados por delitos de estafa continuada en concurso con falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, corrupción en los negocios y frustración de la ejecución. Además, el instructor atribuye un delito contra la Hacienda pública a José Luis Moreno.
Para el juez, el objetivo era obtener lucro aparentando solvencia económica para lograr créditos a empresas y hacer suyo el importe, simulando una crisis económica por una mala gestión mercantil o por incidencias del mercado.
Deudas de Moreno con Hacienda
José Luis Moreno, «necesitado de financiación privada» a la vista de «sus numerosas deudas» con Hacienda y que le cerraban la puerta al crédito de los bancos, contactó con uno de los presuntos líderes de la organización, Antonio Luis Aguilera, y «colaboró con él para obtener financiación fraudulenta«.
Según el auto, «una de sus funciones esenciales era generar confianza en las entidades financieras al tratarse de un personaje público». Por tanto, usaba su nombre como «tarjeta de visita» para que fuese más fácil obtener financiación. Como explica el juez, él era el principal destinatario de los fondos y el encargado de presentar los proyectos audiovisuales para los que pedía recursos.
Aguilera y otro de los procesados, Antonio José Salazar, estaban también en el primer nivel. Según el juez, eran los encargados de conseguir las sociedades pantalla, maquillarlas y presentarlas ante los bancos como las beneficiarias de la financiación. Para ello, necesitaban valerse de terceras personas como abogados, gestores financieros, empleados de banca y «otras personas de su especial confianza».
Sin ellos, considera el juez que hubiese sido imposible organizar, planificar y ejecutar la mayoría de estafas, teniendo en cuenta el gran número de sociedades involucradas.
Un entramado de sociedades pantalla
Como explica el juez en el auto, la red en la que estaba implicado Moreno, empleaba empresas pantalla y testaferros para simular relaciones comerciales y económicas entre empresas, entre las que se transferían dinero para impedir su rastreo.
En definitiva, resume el juez, era una organización en la que cada miembro «mantenía su actividad delictiva con su propia cartera de empresas» para después «simular actividad comercial con otras pertenecientes a otros miembros». De esta manera, se creaba un entramado de empresas con apariencia solvente, utilizada para engañar a bancos.
Entre las víctimas de la red hay varias entidades financieras, sociedades de garantía recíproca, la Hacienda pública y también inversores particulares.
