La Asociación Justicia para la Guardia Civil alerta que, por culpa del déficit de agentes en las zonas rurales de España, ‘el tiempo de respuesta fue de 40 minutos’
La Asociación Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha cuestionado este lunes las “deficiencias en la capacidad de respuesta” tras el acuchillamiento del niño de 11 años de Mocejón (Toledo), que “permitió al asesino huir, y hasta el momento, sigue sin ser capturado”.
JUCIL emitió un comunicado donde señala que, “Aunque se activaron dos patrullas, una desde Seseña, a 39 km de distancia, y otra desde una localidad cercana, junto con el apoyo del Seprona desde Illescas, situado a casi 30 minutos, el tiempo de respuesta fue de 40 minutos”.
Para la asociación, ese intervalo resultó decisivo para facilitar la huida del criminal y, junto al asesinato de una menor en Otero, también este fin de semana, “revelan una grave realidad” que la Benemérita “no ofrece la seguridad adecuada a los habitantes de los pueblos en España”.
Mocejón, como síntoma de la ‘situación creciente de vulnerabilidad’ en zonas rurales
“Estos tiempos de respuesta son inaceptables” declaró el portavoz de JUCIL. “En situaciones de emergencia, cada minuto cuenta, y los residentes en las áreas rurales no pueden seguir soportando esta situación de desprotección. No podemos permitir que la distancia y la falta de recursos pongan en riesgo la vida de los ciudadanos”, añadió.
JUCIL considera que existe en España tal déficit de efectivos que “deja a muchas comunidades rurales en una situación creciente de vulnerabilidad”, tal como evidenciaron los asesinatos de Mocejón y Otero.
El crimen de Otero, a la media hora de avisar a la Guardia Civil
El portavoz alertó que, en caso de Otero -un individuo asesinó a su hijastra- “la situación fue aún más grave”, porque tras un primer aviso a emergencias de una discusión doméstica, a la media hora el criminal disparó a su víctima “sin que ninguna patrulla hubiese llegado en este lapso hasta el lugar”, según los testigos.
En el caso de Toledo, donde se perpetraron ambos asesinatos, JUCIL advierte que “se necesitarían al menos 200 guardias civiles adicionales para cubrir adecuadamente las necesidades de seguridad de esta provincia”.
JUCIL concluye que Castilla-La Mancha está “desprotegida en un momento crítico” y que una presencia preventiva de agentes “podría haber arrojado un resultado diferente a los hechos”.
“Todos los ciudadanos, sin importar donde vivan, tienen derecho a una protección adecuada y eficaz. No podemos permitir que ocurran de nuevo situaciones como las sufridas este fin de semana en dos pueblos de Toledo”, zanjó el portavoz en declaraciones recogidas por ABC.
