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Una juez de Madrid suspende los procedimientos y declara su juzgado ‘en estado cercano a la catástrofe’

Alerta de una carga de trabajo insostenible que agravó por la Ley del triministro Bolaños para ‘mejorar’ la eficiencia del sistema judicial

Tras desoír el Gobierno las alertas sobre el desastre que causará otro hito de Bolaños, la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, se agrava el colapso de los juzgados, en este caso, uno de Coslada suspende los procedimientos civiles, incapaz de asumir la nueva carga de trabajo.

La juez titular del Tribunal de 1ª Instancia e Instrucción 2 en la localidad madrileña de Coslada (Madrid), decidió el pasado miércoles suspender temporalmente todos los procedimientos civiles al afirmar que su órgano judicial está en un “estado cercano a la catástrofe”.

La juez acumula meses de trabajo y expedientes que llegan al límite, motivo por el que adoptó esta resolución excepcional. Con esta decisión temporal, la magistrada busca aliviar la parte penal, cuya carga de trabajo considera insostenible desde hace meses.

La Ley Orgánica 1/2025 precipitó el colapso

La juez señaló que la situación se agravó por los cambios introducidos por la Ley Orgánica 1/2025, una norma que pretendía mejorar la eficiencia del sistema judicial pero que, en la práctica, generó más problemas de organización.

Pese a la suspensión general, la magistrada excluyó los asuntos más urgentes y sensibles, porque no pueden quedarse parados por su impacto directo en la vida de las personas. Entre ellos, los casos de familia, incapacidades, internamientos y desahucios en los que la parte demandante sea una empresa o entidad jurídica.

Petición de refuerzos sin respuesta

En una providencia fechada el 14 de noviembre, la juez recordó que ya pidió refuerzos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero aún no recibió respuesta. La decisión final depende del Ministerio, que debe pronunciarse sobre la solicitud.

La magistrada precisó que la suspensión seguirá vigente “hasta que los órganos penales estén en una situación que no comprometa su futuro”, recoge Confilegal.

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