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Julio Iglesias demanda al ‘eldiaro.es’ de Ignacio Escolar y a la Fiscalía por «tener una actuación contraria a Derecho»

El cantante ha presentado una demanda de conciliación contra el medio digital izquierdista y contra una fiscalía que le negó el acceso a las denuncias contra él

El cantante Julio Iglesias ha iniciado acciones legales contra eldiario.es tras la publicación de un reportaje en el que dos ex empleadas lo acusaban de agresión sexual.

Según el escrito, en exclusiva en OkDiario, presentado ante los tribunales, la defensa del artista sostiene que el medio digital “reconoce haber fabricado la denuncia que posteriormente difundió con grave desprecio hacia la verdad”. La acción interpuesta es una demanda de conciliación por injurias y calumnias, paso previo a la presentación de una querella formal.

Demanda contra la dirección y la empresa editora

La demanda se dirige contra el director del medio, Ignacio Escolar, así como contra otros responsables editoriales: Juan Luis Sánchez, Ana Requena Aguilar, María Ramírez Fernández y Elena Cabrera.

También figura como demandada la empresa editora, El Diario de Prensa Digital S.L..

El documento judicial, de 33 páginas, argumenta que los periodistas habrían participado en la elaboración de un “montaje periodístico” que lesionó derechos fundamentales del cantante, como el honor, la intimidad personal y familiar, la propia imagen y la presunción de inocencia.

El origen de la controversia

El conflicto surge tras la publicación, el 13 de enero de 2026, de un artículo titulado “Ex trabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales en 2021”.

La defensa del artista sostiene que la información se difundió sin que se hubiera verificado adecuadamente su veracidad y que incluso periodistas del propio medio habrían intervenido en la elaboración de la denuncia presentada ante la Fiscalía, para posteriormente hacer público su contenido.

El uso de actrices en los vídeos

Uno de los puntos más controvertidos de la demanda hace referencia a los vídeos que acompañaban la información. Según el propio medio, para preservar el anonimato de las denunciantes se recurrió al doblaje de sus voces mediante actrices profesionales.

La defensa de Julio Iglesias considera este procedimiento un hecho “sin precedentes en el periodismo español” y cuestiona su adecuación a los estándares éticos de la profesión.

Sección especial y podcast: críticas a la línea editorial

La demanda también señala la creación dentro del periódico de un espacio específico titulado “Investigación Julio Iglesias”, cuya estructura —según el escrito— destacaba las informaciones acusatorias por encima de aquellas que recogían el archivo de diligencias por parte de la Fiscalía, donde no se le atribuyó siquiera la condición de sospechoso.

Asimismo, el documento critica el enfoque del podcast “La casa de Julio Iglesias”, argumentando que en sus episodios no se empleó un lenguaje acorde con el principio de presunción de inocencia, sino afirmaciones categóricas sobre hechos que no habrían sido probados.

Impacto internacional y daño a la reputación

La defensa del artista subraya el alcance global de la publicación. Cabeceras internacionales como The Guardian, Le Monde, The New York Times, Der Spiegel, Clarín, The Washington Post, Frankfurter Allgemeine Zeitung, The Times, Reuters y BBC, entre otras, replicaron la noticia.

En total, se habrían publicado más de 4.400 informaciones en todo el mundo en apenas tres días, lo que, según la demanda, provocó un grave perjuicio a la imagen pública y profesional del cantante.

Qué solicita la demanda de Julio Iglesias

El escrito concluye solicitando que los demandados:

  • Reconozcan el carácter ilícito de la conducta denunciada.
  • Rectifiquen públicamente las informaciones difundidas.
  • Cesen de inmediato en la publicación de contenidos relacionados.
  • Eliminen todos los materiales publicados.

Además, la defensa —encabezada por el penalista José Antonio Choclá— reclama una indemnización que cubra tanto los daños materiales como los morales, así como la cesión al afectado de los beneficios obtenidos por la supuesta intromisión ilegítima en sus derechos.

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