Critica que Interior proteja a la activista vinculada al PSOE horas después de que una jueza rechazara su petición de orden de alejamiento contra Vito Quiles
El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha asignado protección policial a la comunicadora y activista radical del PSOE Sarah Santaolalla (Sara Marina Pérez Santaolalla). La medida se adoptó apenas unas horas después de que una jueza denegara la orden de alejamiento que Santaolalla había solicitado contra Vito Quiles.
Según fuentes policiales, la escolta está integrada por agentes del área de testigos protegidos y responde a una denuncia presentada por Santaolalla tras un altercado ocurrido a las puertas del Senado, en el que también participaron varios cargos socialistas. La decisión ha coincidido con la publicación de una fotografía en la que Santaolalla saluda al presidente Pedro Sánchez en un acto del Ministerio de Igualdad.
La reacción no se ha hecho esperar. El sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, ha calificado la asignación de “absoluto escándalo” e “incomprensible”. En un comunicado, el sindicato lamenta que “los policías nacionales deben estar donde realmente se les necesita: en la calle, garantizando la seguridad de los ciudadanos y protegiendo a los contribuyentes que sostienen con sus impuestos los servicios públicos”.
JUPOL compara además la situación con la de muchas víctimas de violencia de género que, según el sindicato, no reciben la misma atención inmediata pese a encontrarse en riesgo real.
El sindicato, que representa a la mayoría de los agentes, insiste en que los recursos policiales deben priorizarse para las necesidades reales de la ciudadanía y no para casos que, a su juicio, no justifican tal nivel de protección.
La noticia ha corrido como la pólvora en los círculos policiales y políticos, reabriendo el debate sobre el uso de escoltas y la distribución de los efectivos de seguridad en España. Y hasta el momento, ni el Ministerio del Interior ni la propia Sarah Santaolalla han realizado declaraciones públicas sobre la polémica.
