La asociación de la Guardia Civil ha denunciado también el «impuesto encubierto» que implica la baliza
La asociación de la Guardia Civil Jusapol ha manifestado su rechazo a la nueva baliza V-16, que el Gobierno hará obligatoria a partir de 2026. En un mensaje publicado en la red social X, el colectivo calificó este dispositivo como “nefasta, peligrosa y negligente” y advirtió que lejos de mejorar la seguridad vial, se trata de un coste encubierto para millones de conductores.
Según Jusapol, la baliza V-16 no permite realizar llamadas de auxilio ni alertar directamente al servicio de emergencias 112 en caso de accidente. Su función se limita a emitir la posición del vehículo, lo que la convierte, en opinión de la asociación, en una herramienta insuficiente para situaciones de emergencia real.
El colectivo denuncia que el dispositivo se ha presentado como un avance en seguridad, cuando en realidad no reemplaza los sistemas de aviso tradicionales ni garantiza una atención rápida ante accidentes. “No avisará de un percance ni de un accidente”, alertan, señalando que muchos conductores podrían confiarse pensando que ya están protegidos únicamente por la instalación de la baliza.
Un gasto obligatorio para los ciudadanos
Jusapol también critica que la obligación de adquirir la baliza V-16 supone un gasto directo para los conductores. Cada vehículo deberá contar con un dispositivo homologado, cuyo precio estimado alcanza varias decenas de euros, comprado a empresas privadas autorizadas. Según la asociación, esto implica un desembolso obligatorio que no se traduce en una mejora proporcional del servicio de emergencia.
La organización sostiene que este modelo beneficia únicamente a unos pocos fabricantes y distribuidores, mientras que el coste recae totalmente sobre los usuarios de la vía. “Es un claro ejemplo de cómo se transfiere un gasto estructural a los ciudadanos bajo la apariencia de una medida de seguridad”, señalan desde Jusapol.
Limitaciones del sistema V-16
Otro punto de crítica es que la baliza V-16 depende de cobertura de red y de sistemas telemáticos externos, lo que genera dudas sobre su fiabilidad en zonas rurales, carreteras secundarias o tramos con mala conexión, lugares donde suelen ocurrir accidentes graves.
La asociación también cuestiona la decisión de descartar sistemas alternativos más completos que sí permiten comunicación directa con emergencias, como aplicaciones oficiales o dispositivos con llamada automática integrada, que habrían ofrecido una solución más eficaz sin obligar a un gasto adicional para los conductores.
Con esta postura, Jusapol se une a quienes consideran que la implementación obligatoria de la baliza V-16 no responde a una mejora real de la seguridad vial, sino a un mecanismo indirecto de recaudación que afectará a millones de conductores a partir de 2026.
