Presa por cumplir con su deber ante el golpista, Evo Morales, el Supremo considera que se vulneraron sus derechos durante su ‘juicio’
Encarcelada por la narcoizquierda por cumplir su deber ante el golpista, Evo Morales. El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia anuló la sentencia de 10 años de prisión contra la expresidenta Jeanine Áñez, quien había sido acusada de asumir de forma ilegal la presidencia en 2019.
El presidente del alto tribunal, Romer Saucedo, informó este miércoles que se dispuso su liberación inmediata, al considerar que el proceso penal que la condenó no fue el adecuado, incida el Diario de Las Américas.
Saucedo explicó que Áñez, por su condición de exmandataria, debió someterse a un juicio de responsabilidades, que requiere autorización del Congreso, y no a la vía penal común. Añadió que se detectaron vulneraciones al ordenamiento legal vigente y a los derechos fundamentales de la exjefa de Estado.
Una condena anulada tras tres años de prisión
Áñez, de 58 años, recibió una condena de diez años de cárcel en junio de 2022 por el imaginario “golpe de Estado” con el que tachó la narcoizquierda que asumiera el poder en 2019, tras la renuncia del verdadero golpista: Evo Morales. Permanecía recluida desde 2021 en una cárcel de La Paz.
La expresidenta no se pronunció tras conocerse el fallo, aunque el día anterior escribió en la red X que “nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó”, recordando que sus decisiones se tomaron “con la conciencia y el corazón firme”.
El Supremo notificará ahora la resolución a un juez de La Paz, encargado de tramitar su excarcelación.
Reacciones políticas y nuevos procesos
Áñez asumió la presidencia en 2019, en medio de una crisis social derivada de las denuncias de fraude en las elecciones que habrían permitido a Morales continuar en el poder. Tras su llegada al cargo, se registraron protestas que dejaron 36 muertos, según la Defensoría del Pueblo.
El oficialismo de izquierda impulsó otro juicio contra ella por la represión policial y militar en Sacaba y Senkata, aunque también fue rechazado al determinarse que debía resolverse mediante un juicio especial.
El activista David Inca, representante de víctimas de aquellas protestas, anunció que presentarán una acusación ante el nuevo Congreso para reabrir un proceso político contra Áñez.
En contraste, el senador Branko Marinkovic, exministro de su Gobierno, celebró el fallo judicial y afirmó que la decisión “simboliza el fin de una etapa de abuso”.
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