La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales subraya que ‘nadie borra su inocencia cuando sabe que le van a investigar judicialmente’
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce la acusación popular, ha instado al Tribunal Supremo (TS) a cerrar la fase de instrucción y a dictar auto de procesamiento contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
APIF considera que existen presuntos delitos de revelación de secretos, vulneración de la intimidad y prevaricación administrativa en perjuicio de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
APIF sobre el móvil del imputado: ‘nadie borra su inocencia’
La APIF ha resaltado que «la abrumadora prueba que existía, procedente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), se ha visto reforzada» con las declaraciones prestadas tanto por los propios investigados como por los testigos, así como por los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
En la misma línea, aunque la acusación lamenta que «seguimos sin saber por qué el investigado Álvaro García Ortiz, sabiendo que el TS había admitido la exposición razonada, procedió al borrado de su móvil, sin trasladar la información», insiste en que «nadie borra su inocencia, máxime, cuando ya sabe que se le va a investigar judicialmente».
APIF pide un auto de procedimiento abreviado
Asimismo, la APIF ha pedido al juez la práctica de dos diligencias previas, entre las que destaca la verificación de si el imputado tenía almacenados en su teléfono los números de Pilar Sánchez Acera, Miguel Ángel Rodríguez y varios periodistas.
Según se detalla en el escrito al que ha accedido Vozpópuli, Pilar Sánchez Acera, exasesora de Moncloa, fue quien envió al exdirigente madrileño Juan Lobato la información contenida en el correo electrónico del abogado de la pareja de Ayuso.
Del mismo modo, la acusación entiende que la medida relativa a los demás periodistas resulta justificada, ya que las defensas la han solicitado y varios de los comunicadores reconocieron en sede judicial «conocer la información previamente, sin aportar más detalle amparados por el secreto profesional».
Según la acusación popular, dado que no queda ninguna prueba esencial pendiente de practicar más allá de las diligencias solicitadas, corresponde dictar un auto de procedimiento abreviado contra ambos investigados por los mencionados presuntos delitos de revelación de secretos, vulneración de la intimidad y prevaricación administrativa.
Expedientes con emails firmados digitalmente con fechas y momentos clave
Además, la acusación popular ha pedido al juez que requiera los tres expedientes de dación de cuenta relacionados con el empresario Alberto González Amador.
La APIF basa esta solicitud en la declaración de la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, quien afirmó que necesariamente debían haberse tramitado tres expedientes: uno por la Fiscalía Provincial de Madrid, otro por la Fiscalía Superior de Madrid y un tercero por la Fiscalía General del Estado.
Según sostiene la acusación, dichos expedientes deben estar acompañados de los correos electrónicos correspondientes y contar con firma digital, por lo que pueden ofrecer «una gran información de las fechas y momentos claves para esta investigación judicial».
