La AF recuerda a los fiscales que un auto del Tribunal Supremo ‘autorizando esta medida no se dicta en el vacío’
La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en el Ministerio Público, ha emitido este jueves un comunicado solicitando a la Carrera Fiscal que reaccione ante un ‘hecho sin precedentes’, como la imputación por graves delitos del FGE nombrado por Sánchez, Álvaro García Ortiz.
Un deterioro institucional, además, agravado por el propio García Ortiz, quien se aferra al cargo que detenta negándose a dimitir de modo que en la causa contra él deberá responder ante una subordinada suya, que puede ver truncada su carrera y ser objeto de sanciones y represalias al actuar contra su superior jerárquico.
El registro policial del despacho de García Ortiz en busca de indicios de los presuntos delitos por los que se le investiga, evidencia la situación límite que atraviesa una institución fundamental para garantizar la supervivencia de cualquier país democrático.
El comunicado íntegro de la Asociación de Fiscales es el siguiente:
Le pedimos a la Carrera Fiscal
La entrada y registro en la sede de la Fiscalía General del Estado autorizada por el Tribunal Supremo y practicada por la Guardia Civil es un hecho sin precedentes que marca un hito que tardará muchos años en borrarse de nuestra memoria colectiva.
Le pedimos a la Carrera Fiscal reflexión, primero porque somos fiscales y por consiguiente conscientes de que un auto autorizando esta medida no se dicta en el vacío. Solicitamos de cada fiscal que medite sobre cómo nuestra institución aparece en las diligencias abiertas por el Tribunal Supremo y no en la imagen lamentablemente evocadora de la presencia policial indagando la existencia de delitos en nuestra sede fundamental, sino de la mera presencia procesal del Ministerio Fiscal.
No queremos explicaciones ni justificaciones, sea de la persona o sea del titular de la alta magistratura, de su falta de actividad tras asumir la condición de parte investigada en un proceso penal. Ya hemos pedido del Fiscal General su dimisión y ya hemos transmitido la anomalía insólita a los estados europeos, a las instituciones de la Unión Europea y al Consejo de Europa.
Ayer le hemos explicado tanto al Fiscal General como a la Carrera la situación jurídica excepcional en que se halla nuestra institución, atendidas las normas jurídicas que rigen el proceso penal y la regulación orgánica que regulan el funcionamiento del Ministerio Fiscal.
¿Es imaginable la intervención de la Fiscal del Supremo cuando depende directamente del investigado, de quien depende su eventual renovación?
Le pedimos a la Carrera que busque las difíciles respuestas a preguntas sencillas: ¿qué Fiscal interviene en las diligencias previas abiertas en el Tribunal Supremo?, ¿quién y cómo le designó?, ¿a qué fiscal se le notificó el auto conocido parcialmente ayer?, ¿qué percepción puede tener el instructor (o la sociedad, o la Carrera Fiscal) de la institución que debe garantizar los principios de legalidad e imparcialidad cuando pueden concurrir en quien intervenga causas de abstención evidentes?
¿Es imaginable la intervención de la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo cuando depende directamente de quien es persona investigada y de quien depende su eventual renovación?, ¿es admisible que ella o cualquier otro Fiscal de Sala, al igual que quienes integran el Consejo Fiscal, intervenga en el procedimiento penal cuando el propio Fiscal General del Estado ha requerido su opinión en la Junta de Fiscales de Sala y en el Consejo Fiscal tras informar extraprocesalmente de su versión?, ¿qué informe va a emitir el Fiscal encargado cuando le sea solicitado y a quién va a dar cuenta?…
Más sencillamente, ¿cómo nos vemos?, ¿es asumible esta anomalía?, ¿se puede seguir deteriorando la institución y nuestra propia percepción sobre ella?, ¿seguiremos mudos, incluso en las conversaciones entre nosotros?
Le pedimos a la Carrera mucho más. La situación requiere de nosotros
REACCIÓN.
Madrid, 31 de octubre de 2024
Comisión Ejecutiva de la AF
