Sigue el despilfarro millonario de Von der Leyen
La Comisión Europea ha anunciado una nueva inversión de 13,8 millones de euros para impulsar proyectos de colaboración periodística transfronteriza entre medios de comunicación de distintos países de la Unión Europea. Esta iniciativa busca fortalecer la independencia y sostenibilidad del sector mediático europeo, aunque llega en un contexto de creciente preocupación por la censura de voces críticas y disidentes dentro del bloque comunitario.
Un presupuesto de 6,9 millones para fortalecer la cooperación entre medios
La primera convocatoria, dotada con 6,9 millones de euros, tiene como objetivo financiar alianzas entre medios de comunicación de diferentes Estados miembros. Según la Comisión, la meta es apoyar la innovación periodística, fomentar el intercambio de información y reforzar el papel del periodismo profesional en la sociedad europea.
Estos fondos se destinarán a proyectos que promuevan la colaboración editorial, el desarrollo de nuevas plataformas informativas y la creación de contenidos conjuntos que aborden temas de interés común en la Unión Europea.
Apoyo a medios locales, regionales y comunitarios
La segunda parte del programa contará con otros 6,9 millones de euros. En este caso, los recursos se canalizarán a través de organizaciones intermediarias encargadas de distribuir la financiación a medios locales y regionales, periodismo de investigación, medios comunitarios y plataformas especializadas en noticias de interés público.
Cada proyecto podrá recibir hasta 2,5 millones de euros por un período de dos años.
Controversia por la censura de medios y voces disidentes
A pesar de la relevancia del programa, la iniciativa ha generado controversia. Algunos sectores critican que la Comisión Europea promueva la colaboración periodística mientras restringe o censura a determinados medios y periodistas que expresan posturas disidentes frente a las políticas comunitarias.
Este contraste ha reavivado el debate sobre la libertad de prensa en Europa, cuestionando hasta qué punto los fondos públicos destinados a la comunicación se reparten de manera equitativa y transparente.
