Aunque Madrid y Canarias son las regiones que reciben mayor cantidad de ilegales, Sánchez impondrá por decreto la llegada de más
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó ayer tres contratos por tramitación de emergencia, destinando 2,7 millones de euros para atender durante este año la manutención de 182 menas ilegales. Gracias a estos acuerdos, el Ejecutivo regional gestionará 112 plazas en centros públicos y otras 70 en dispositivos privados.
A esta cantidad se suman los 60 millones invertidos a lo largo de 2024 en la manutención de 2.442 menas, que han llegado a la red de cuidados sociales de la Comunidad. Esta inversión también ha incluido la mejora de centros de primera acogida ya existentes y la apertura de nuevas infraestructuras.
Dinero público para manutención con un 132% de sobreocupación
En total, el gasto durante el último año asciende a 62,7 millones de euros, una cifra que responde al notable incremento de llegadas, tanto por el reparto decidido por el Ejecutivo socialcomunista como por la entrada irregular a través del aeropuerto de Barajas en vuelos patera. Esta presión ha generado una sobreocupación del 132% en los recursos disponibles.
A la par, conforme a la legislación de extranjería, ha solicitado a la Delegación del Gobierno la reagrupación familiar de cuatro sujetos con graves dificultades de adaptación. La Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia seguirá evaluando los casos con imposibilidad real de integración.
Madrid recibió 10.618 menas ilegales desde 2019
En menos de tres meses de 2025, la Comunidad ya ha acogido a 937 menores. “Voz Pópuli” señala que Sánchez busca convalidar el jueves el decreto del reparto forzoso, sin detallar a las comunidades el número de menores asignados, mientras exige su colaboración y se encarguen de su manutención.
Ante la decisión del gobierno socialcomunista de imponer el traslado obligatorio de menores desde Canarias hacia regiones como Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, donde no gobiernan partidos de su hez ideológica, el Ejecutivo madrileño interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional.
En concreto, el Gobierno regional considera que decretazo del marido de Begoña vulnera varios artículos de la Constitución e invade competencias autonómicas exclusivas.
Si finalmente se impone ese reparto forzoso, el Gobierno regional ampliará el centro de La Cantueña, en Fuenlabrada, y evalúa abrir nuevos recursos para manutención de menas en otras localidades.
