El Fiscal General Sanchista, condenado: la Justicia tumba al brazo ejecutor del Gobierno; García Ortiz multado e inhabilitado
El Tribunal Supremo ha dictado hoy una sentencia histórica que dinamita los cimientos de la credibilidad del Ministerio Público en España. Álvaro García Ortiz, el hombre de Pedro Sánchez en la Fiscalía General del Estado, ha sido condenado a dos años de inhabilitación y una multa por un grave delito de revelación de secretos.
La decisión del Alto Tribunal no es solo una condena a un individuo; es una enmienda a la totalidad a la estrategia de acoso político orquestada desde La Moncloa contra los adversarios del Gobierno.
La Justicia ha confirmado lo que era un secreto a voces: que García Ortiz utilizó su alto cargo como un arma política para filtrar datos tributarios confidenciales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Esta condena no es un revés judicial, es la prueba irrefutable de la politización descarada de las instituciones bajo el Sanchismo. La Fiscalía, lejos de ser garante de la ley, se ha convertido en una herramienta de persecución.
Comisario político
La Sala Penal, con una mayoría contundente, ha puesto fin así a la vergonzosa etapa de un Fiscal General que ha actuado más como un comisario político que como un defensor de la legalidad.
Su inhabilitación es un triunfo de la independencia judicial frente a un Gobierno que no ha dudado en atacar al Poder Judicial y a la oposición.
- Sentencia Rotunda: Dos años de inhabilitación por revelación de secretos.
- Motivo del Delito: Filtración de datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso con evidente intención de dañar su imagen política.
- Indemnización: García Ortiz deberá pagar 10.000 euros a González Amador por daños morales, confirmando el perjuicio causado.
Defensa de un peón caído
La reacción del Gobierno Socialcomunista ha sido, como se esperaba, la callada por respuesta o, peor aún, la defensa numantina de su peón caído.
Mientras el país observa atónito cómo el máximo responsable de la Fiscalía es expulsado por saltarse la ley, Moncloa sigue sin asumir responsabilidades. Esta condena obliga a Sánchez a cesar de inmediato a García Ortiz, aunque su mera designación ya fue una afrenta.
La purga de García Ortiz debe ser el punto de inflexión para exigir una despolitización real de la Justicia. No basta con que caiga el cabeza de turco; es imperativo que se revise el sistema de nombramiento del Fiscal General para blindarlo frente a las injerencias partidistas.
