El despacho Statera Legal presenta recurso contencioso-administrativo contra la medida por incumplir presuntamente preceptos constitucionales
La consulta pública del Gobierno sobre la opa del BBVA al Banco Sabadell llega a los tribunales. El despacho de abogados Statera Legal ha interpuesto ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo “frente a la actuación del Gobierno en vía de hecho y solicita la adopción de la medida cautelar consistente en la suspensión de la utilización de los resultados de la consulta pública”, señala ABC.
Una vez resuelto el análisis de la CNMC con compromisos pactados con BBVA se ha abierto la llamada fase tres por la que el Gobierno puede intervenir para modificar esos compromisos.
En teoría, podría endurecer tanto las condiciones al banco vasco que le hiciera desistir de la opa, “aunque hay juristas que consideran que eso no está tan claro ya que la normativa no lo especifica claramente”, apunta ABC.
Consulta pública inédita
El ministerio de Economía había sacado una consulta pública inédita para recabar opiniones de todo aquel que quiera expresarse sobre la opa. El objetivo del Ejecutivo es “armarse de argumentos”, dice ABC, para intervenir en la operación, aunque, en todo caso, deberá hacerlo con criterios de “interés general” y nunca de competencia. Eso correspondió a la CNMC.
Esa consulta pública ha despertado enormes recelos en el sector financiero, economistas y también juristas. Y ahora Statera Legal ha decidido judicializarla para tratar de frenar sus efectos. Entre los argumentos del recurso, presentado a nombre del socio Ibor Fernandes Romero, destaca que la consulta sería contraria a la Constitución.
Medidas cautelares
El pasado 8 de mayo, el despacho ya requirió al ministro Cuerpo que cesara en la consulta pero, al no obtener respuesta, han pasado a la Audiencia Nacional y solicitado cautelares.
“La medida cautelar que se solicita es la suspensión de la utilización de los resultados de la consulta pública sobre la concurrencia de criterios de interés general afectados por la operación de adquisición de BBVA sobre Banco Sabadell y, subsidiariamente, que se imponga al Gobierno la obligación de reiterar la consulta pública con la motivación de la que adolecía la primera consulta formulada”, indican en nota de prensa.
“La suspensión cautelar del uso de los datos obtenidos por la consulta pretende evitar la pérdida de la finalidad legítima del recurso y aseguraría la efectividad de la futura sentencia” sobre la opa.
La consulta resulta “contraria al principio de igualdad y no discriminación (artículo 14 CE) pues la formulación de la consulta es diferente en función de si el interesado considera o no que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell”.
En segundo lugar, el recurso pone el foco en la falta de rigor de la consulta sobre la opa a la hora de identificar a los usuarios. “El proceso de cumplimentación del formulario de la consulta está ausente de cualquier autenticación de identidad del usuario”.
Ley de Procedimiento Administrativo
En este caso, se infringe el artículo 9 de Ley del Procedimiento Administrativo Común en relación con lo previsto en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
Asimismo, indican que “el procedimiento seguido no se corresponde con aquel al que se vinculan las preguntas formuladas en la consulta, lo que infringe el artículo 60 Ley de Defensa de la Competencia” y que “la consulta no tiene cabida formal en el ordenamiento jurídico dado que no existe precepto habilitante para realizarla en el procedimiento previsto para la intervención del Consejo de Ministros”.
