El gobierno de Pedro Sánchez sigue siendo incapaz de hacer buenas políticas de acceso a la vivienda
La situación del mercado del alquiler en España entra en una fase crítica. La finalización de unos 300.000 contratos firmados durante la pandemia coincide con un momento de máxima tensión en el acceso a la vivienda, marcada por precios disparados y una enorme presión económica sobre los hogares. Durante los próximos meses, miles de inquilinos podrían sufrir subidas de hasta el 30%, el mayor incremento registrado desde 2020.
Contratos firmados en un momento excepcional y ahora al límite legal
En 2020, en plena crisis sanitaria, el mercado de alquiler vivió un escenario insólito: ausencia de turistas, universidades cerradas y una brusca caída de precios. Muchos inquilinos aprovecharon entonces para firmar contratos a rentas más bajas que las actuales.
Cinco años después, estos contratos llegan a su vencimiento y la Ley de Arrendamientos Urbanos permite a los propietarios —en su mayoría pequeños arrendadores que representan el 85% del mercado— actualizar los precios al nivel actual, muy superior al de la pandemia.
El resultado: numerosas familias se enfrentan a incrementos inasumibles, en un país donde alquilar se ha convertido en un esfuerzo económico extremo.
Un Gobierno dividido y miles de inquilinos en incertidumbre
La expiración masiva de contratos ha vuelto a evidenciar la fractura interna en el Gobierno, generando aún más inseguridad entre los afectados.
Mientras un sector del Ejecutivo propone una moratoria y una prórroga obligatoria para evitar subidas bruscas, otro defiende mantener el sistema actual, pese a que la propia Ley de Vivienda ha creado un mapa desigual de protección según el territorio.
Esta falta de consenso político deja a muchos hogares en una situación incierta, sin saber qué pasará con su renta en cuestión de semanas.
Una ley que protege solo en zonas tensionadas y deja al resto sin límite de precios
La legislación vigente establece límites a las subidas del alquiler usando un nuevo índice de referencia, pero solo en las zonas tensionadas oficialmente declaradas.
Fuera de esas áreas, la finalización de un contrato firmado en 2020 puede traducirse en incrementos del 30% o más, sin ningún freno legal.
La división dentro del Gobierno y la falta de mayorías parlamentarias impiden fijar un criterio uniforme, dificultando corregir los vacíos de una normativa clave para miles de familias.
Las comunidades sin topes dejan desprotegida a gran parte de los afectados
Regiones como Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana —con algunas de las ciudades más caras del país— han decidido no aplicar los límites previstos en la ley.
Esto implica que una parte significativa de esos 300.000 contratos covid caducará sin ningún tipo de protección, ampliando cada mes el número de hogares en riesgo de exclusión residencial.
Ciudades donde sí operan los topes y otras que buscan ser declaradas zonas tensionadas
En ciudades como Barcelona, San Sebastián, Bilbao, Gerona, Pamplona o Vitoria, donde la presión del alquiler es especialmente alta, la ley obliga a renovar la renta al mismo precio, evitando subidas desorbitadas.
Sin embargo, la protección sigue siendo desigual en el conjunto del país.
- Las Palmas de Gran Canaria y Santiago de Compostela han solicitado ser consideradas zonas tensionadas, sin éxito.
- La Coruña sí ha conseguido esa declaración.
- El Gobierno señala además a Zaragoza, Valladolid y gran parte de la costa andaluza como posibles futuras zonas tensionadas.
