Peramato parece decidida a perpetuar un Ministerio Fiscal sesgado, donde la izquierda sanchista impone su visión en casos clave
En un movimiento que huele a desesperación y a blindaje ideológico, Teresa Peramato, la nueva Fiscal General del Estado alineada con el PSOE y la progresista Unión Progresista de Fiscales (UPF), ha tomado las riendas del Ministerio Fiscal en el Tribunal Supremo, colocando a sus leales en puestos clave.
Esta maniobra se produce en un contexto de posible cambio de gobierno, donde las encuestas apuntan a un giro hacia la derecha que podría desmontar el aparato izquierdista incrustado en las instituciones.
Peramato, sucesora del controvertido Álvaro García Ortiz, condenado recientemente por el Supremo por revelación de secretos en un escándalo que ha manchado la imagen de la Fiscalía, no ha dudado en elogiar a su antecesor en su discurso inaugural. Con un «reconocimiento, respeto y admiración» hacia García Ortiz, ignoró por completo las críticas de la UPF contra los magistrados de la Sala Segunda que lo inhabilitaron. No es casualidad. Más bien, una clara señal de continuidad en la agenda progresista, que prioriza la lealtad ideológica sobre la imparcialidad judicial.
Nepotismo rojo
La UPF, esa minoritaria asociación que representa apenas el 7% de los fiscales de carrera, está siendo encumbrada por Peramato como si fuera el eje del sistema judicial. Fuentes internas de la Fiscalía, indignadas por este «nepotismo rojo«, denuncian que estos nombramientos no son más que un intento de atrincherarse en el Supremo para resistir cualquier avance conservador. «Es un golpe preventivo contra la democracia«, comentan fiscales críticos, que ven en esta estrategia un riesgo para la independencia del poder judicial, ya de por sí erosionada por años de gobiernos socialistas.
Este «colocón» de afines a la UPF llega en un momento delicado: con García Ortiz caído en desgracia por sus manejos, Peramato parece decidida a perpetuar un Ministerio Fiscal sesgado, donde la izquierda impone su visión en casos clave, desde corrupción hasta políticas migratorias o de género. ¿Acaso teme que un nuevo gobierno de derechas limpie las instituciones de estos lastres ideológicos? Las implicaciones son claras: un Fiscalía capturada por el progresismo podría sabotear investigaciones incómodas o dilatar procesos que afecten a sus aliados políticos.
Fiscalía, el chiringuito del Sanchismo
Mientras tanto, la oposición exige una auditoría inmediata del Ministerio Fiscal para desmontar este «chiringuito socialista». «Peramato no es fiscal, es una comisaria política», ha declarado un diputado popular anónimamente, subrayando que estos movimientos solo confirman la urgencia de reformar la Justicia para liberarla de las garras del PSOE.
En resumen, la era Peramato arranca con un olor a revanchismo izquierdista que amenaza la neutralidad del Estado de Derecho. Si el cambio de gobierno se materializa en un futuro próximo, desmantelar este enredo sectario en Fiscalía será prioritario para restaurar la confianza en unas instituciones que, bajo el socialismo, parecen más un fortín partidista que un pilar de la democracia.
