El Ministerio Público valenciano solicita que la jueza de Catarroja continúe la instrucción sin descartar una futura responsabilidad penal del ex presidente
La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana ha informado este lunes que, por el momento, no existen indicios “suficientemente sólidos” para imputar al expresidente de la región y actual diputado autonómico del PP, Carlos Mazón, por su gestión durante la devastadora DANA del 29 de octubre de 2024.
El fiscal superior, José Francisco Ortiz, ha remitido un escrito al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en el que se posiciona en contra de la imputación solicitada por la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra. Sin embargo, el Ministerio Público deja expresamente abierta la puerta a una “eventual responsabilidad penal” del exjefe del Consell si en el avance de la investigación surgen nuevos datos o testimonios que lo justifiquen.
“En este momento, no se cuenta con datos o indicios con suficiente solidez para justificar la imputación”, señala el informe de la Fiscalía, que solicita que la causa regrese al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja para que la magistrada continúe con las pesquisas.
La jueza Ruiz Tobarra había elevado una exposición razonada al TSJCV al no poder investigar directamente a Mazón debido a su aforamiento como diputado autonómico. En la macrocausa ya están investigados por homicidio imprudente y lesiones imprudentes la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.
El caso sigue abierto
La DANA de octubre de 2024 se saldó con más de 230 muertos en la provincia de Valencia, convirtiéndose en una de las mayores tragedias de la historia reciente de España. Las intensas precipitaciones superaron en muchas zonas los 300 litros por metro cuadrado en pocas horas, provocando riadas que arrasaron barrios enteros y dejaron un rastro de destrucción sin precedentes.
La gestión de la emergencia ha sido muy cuestionada, especialmente por el retraso en el envío de alertas a la población a través del sistema 112 y la coordinación entre administraciones. Familias de las víctimas han exigido en repetidas ocasiones responsabilidades políticas y penales.
La decisión final sobre si se investiga o no a Mazón recae ahora en la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, que ya ha designado a los magistrados que resolverán el asunto. El caso sigue abierto y podría dar giros importantes en los próximos meses, en un contexto donde la sociedad valenciana aún se recupera de una catástrofe que marcó un antes y un después en la región.
