Los ex subordinados del condenado cuestionan la valoración de las pruebas del alto tribunal y que se vulneró su presunción de inocencia
Sánchez muestra sus propósitos de Año Nuevo: que la condena a García Ortiz no le salpique. La Fiscalía, encabezada ahora por Teresa Peramato, presentó un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo para solicitar la anulación de la sentencia que condenó a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos.
El incidente busca, en primer lugar, la nulidad total de la condena y, de forma subsidiaria, la eliminación de la indemnización de 10.000 euros por daños morales a favor de González Amador y de la condena en costas a la acusación particular. Un tribunal de siete magistrados, con voto discrepante de dos magistradas progresistas, dictó la sentencia que puso fin a un mandato debilitado desde el inicio, cuando el Gobierno socialcomunista le designó desoyendo el criterio del CGPJ sobre su absoluta inadecuación para el puesto.
Acusan al Supremo de valorar mal las pruebas y de inventarse tipos delictivos
El escrito, suscrito por la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde, especula que los magistrados realizaron una selección incompleta de los hechos y prescindieron sin explicación del testimonio de varios periodistas. Según recoge El Español, la ex nº2 del condenado, además, especuló que el Supremo creó un «tipo delictivo» para condenar a su ex jefe.
La Fiscalía sostiene que la sentencia vulnera la presunción de inocencia, el principio acusatorio y la legalidad penal, que el tribunal «desdobló» los hechos al condenar también por la nota de prensa de la Fiscalía que inicialmente no era parte de la instrucción. Además, considera acreditado que medios como La Sexta publicaron la información horas antes de que la Cadena SER lo hiciera, lo que descarta la filtración, según ellos.
Fue él quien vulneró el derecho a la defensa de González Amador, según la sentencia
Según la sentencia condenatoria de Álvaro García Ortiz, queda demostrado que la divulgación del correo electrónico con la propuesta de conformidad se originó directamente en García Ortiz o en su entorno, contando con su pleno conocimiento. El fallo detalla que la nota informativa difundida por la Fiscalía, en la que se reflejaba la intención del empresario Alberto González Amador admitir dos delitos fiscales, se elaboró siguiendo instrucciones explícitas del ex fiscal general.
El Supremo enfatiza que el perjuicio no se limitó al envío del correo, ya que la publicación oficial de la nota constituyó “una acción única” destinada a difundir información confidencial. “La nota consolida la filtración iniciada por el correo, en realidad la oficializa”, señala la resolución.
Los magistrados subrayan que el fiscal general no puede justificar la divulgación de datos reservados alegando la supuesta necesidad de desmentir noticias falsas, ya que esta práctica vulnera el derecho de defensa y la presunción de inocencia, valores que la Fiscalía debe proteger. Además, recuerdan que García Ortiz tenía un deber reforzado de confidencialidad que incumplió sin causa legítima.
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