Como presuntas afectadas no denunciaron, la fiscal concluye que Hazte Oír carece de legitimación como acusación popular, porque no hay acusación particular
Según el sistema español, no habrá «caso Paco Salazar» ni investigación si las presuntas acosadas no denuncian y se arriesgan al linchamiento social y mediático del «partido feminista», como le pasó a la denunciante de Almussafes. El mismo día que arranca el show gubernamental a costa de Julio Iglesias, la Fiscalía Provincial de Madrid se opuso a admitir a trámite la querella que la asociación Hazte Oír interpuso contra Francisco Salazar, ex alto cargo en Moncloa y dirigente del PSOE, por presuntos delitos de acoso sexual y contra la integridad moral de varias mujeres.
El digital Ok Diario indica que la fiscal remitió un escrito al Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid argumentando que falta un requisito esencial: la denuncia de las personas agraviadas. La querella de Hazte Oír, presentada el 12 de diciembre de 2024, también señalaba a Antonio Hernández, exasesor de Salazar, y a Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid, por supuestos delitos de omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento.
Francisco Salazar perdió su cargo como secretario general de Coordinación Institucional en Moncloa en julio de 2024, justo cuando surgieron las acusaciones en varios medios, y también lo apartaron de sus responsabilidades en la dirección del PSOE. Hoy, con sorprendente coordinación con el oportuno circo mediático sobre Julio Iglesias (organizado tras las escalofriantes revelaciones de prisioneros del chavismo sobre visitas a prisión de Zapatero) el «caso Salazar» parece destinado al olvido.
Si las mujeres denuncian, se abrirá la vía penal
El ministerio público destacó que el delito de acoso sexual es semipúblico y requiere, según el artículo 191 del Código Penal, la denuncia de la agraviada para que proceda cualquier acción legal. La fiscal subrayó que la querella se limitó a recopilar informaciones periodísticas con testimonios anónimos o bajo nombres ficticios, lo que indica la voluntad de las mujeres de no ser identificadas y «no sería procedente imponerles, mediante las diligencias propuestas en la presente querella, ser identificadas contra su voluntad».
La fiscal concluyó que Hazte Oír carece de legitimación para actuar como acusación popular en este caso, dado que no hay acusación particular, pero su decisión no cierra definitivamente la puerta a una investigación, pues las presuntas víctimas conservan su derecho a presentar denuncia directa en cualquier momento, lo que abriría la vía penal de forma automática.
