Se acabó la impunidad para las mafias de la okupación en la Comunidad Valenciana. La Generalitat, liderada por el Partido Popular, ha decidido pasar a la ofensiva y blindar el patrimonio de todos los valencianos frente a aquellos que pretenden apropiarse de lo ajeno por la fuerza. En un movimiento decidido y necesario, el gobierno autonómico ha confirmado la instalación de sistemas de seguridad avanzados en el parque público de viviendas para evitar que los okupas sigan campando a sus anchas y privando de un hogar a las familias vulnerables que realmente lo necesitan y respetan la ley.
Según ha trascendido, la medida contempla una inversión millonaria de más de 4,7 millones de euros para desplegar hasta 300 alarmas de última generación y sistemas de vigilancia. Estos dispositivos, que no requieren conexión a la red eléctrica —evitando asà los sabotajes habituales—, estarán conectados directamente con centrales de seguridad y con la PolicÃa. El objetivo es claro: permitir una respuesta inmediata ante cualquier intento de patada en la puerta, garantizando el desalojo exprés antes de que los delincuentes puedan atrincherarse.
Tolerancia cero contra la usurpación
La directora general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), EstefanÃa MartÃnez, ha sido contundente al señalar la okupación ilegal como uno de los principales cánceres que padece la gestión de la vivienda pública. No es de recibo que pisos destinados a familias en riesgo de exclusión social acaben en manos de mafias o de individuos que deciden saltarse la cola y las normas de convivencia. Esta situación no solo genera un perjuicio económico a las arcas públicas, sino que crea graves problemas de seguridad, conflictos vecinales y enganches ilegales a los suministros que ponen en peligro edificios enteros.
El plan de la Generalitat va más allá de las alarmas. Incluye también la instalación de puertas antivandálicas («puertas antiokupa») y, en los casos de bloques más conflictivos, la contratación de seguridad privada presencial. Es una declaración de intenciones: proteger la propiedad pública con todos los recursos disponibles. A diferencia de lo ocurrido en años anteriores, donde la pasividad institucional parecÃa dar alas al fenómeno okupa, el actual Consell envÃa un mensaje rotundo: quien ocupe ilegalmente se encontrará con un muro de seguridad y con la ley de frente.
Justicia para las familias que esperan su turno
Esta polÃtica de «mano dura» contra la okupación es, en realidad, una polÃtica social de primer orden. Cada vivienda recuperada o protegida de los okupas es un hogar que puede entregarse a una familia que lleva años esperando en la lista legal, cumpliendo los requisitos y respetando los procedimientos. Permitir la okupación es insultar a esos ciudadanos honrados. La Generalitat valenciana marca el camino a seguir para otras administraciones: invertir en seguridad es invertir en justicia social y en el estado de derecho.
El reparto de estos sistemas de seguridad será equitativo entre las provincias de Alicante, Valencia y Castellón, asegurando que ninguna zona quede desprotegida. Además, el sistema está diseñado para ser dinámico: una vez que una vivienda es adjudicada legalmente, la alarma se traslada a otro piso vacÃo, optimizando los recursos. Con esta iniciativa, Valencia se pone a la vanguardia en la lucha contra una lacra que ha degradado la convivencia en muchos barrios de España.
