La denominada ‘fontanera del PSOE’ sigue siendo investigada por parte de la UCO
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue de cerca el rastro de cientos de miles de euros en comisiones vinculadas al “caso Leire”, según informan fuentes cercanas a la investigación. Los fondos, según los primeros indicios, habrían terminado en manos del grupo formado por la conocida como fontanera del PSOE, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar, informa este viernes El Confidencial.
En las próximas semanas, los investigadores planean iniciar un análisis detallado del patrimonio de los principales implicados, incluyendo sus cuentas bancarias y bienes. Las sospechas apuntan a que las operaciones detectadas hasta ahora, que desencadenaron los arrestos y el estallido del caso, serían solo una parte de una trama más amplia que podría derivar en nuevas investigaciones conforme avance el procedimiento.
El seguimiento del dinero es crucial en esta fase todavía secreta, que involucra a varias empresas públicas. Hasta el momento, la UCO y la Fiscalía Anticorrupción han determinado que los tres principales investigados recibieron más de 700.000 euros en comisiones en cinco operaciones diferentes, todas vinculadas a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI. Lejos de cerrarse, la lista de operaciones sospechosas podría ampliarse.
Los registros recientes ya reflejan la magnitud de la presunta trama. Además de la propia SEPI, la Guardia Civil ha realizado inspecciones en Mercasa, Enusa y Correos, así como en los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica y en Cofivacasa. A medida que se reciban nuevos informes de la UCO, se espera que los tres investigados sean citados nuevamente para declarar ante el juez.
Gracias a la documentación incautada en Servinabar y al análisis del teléfono móvil de Alonso —intervenido en el marco del caso Koldo en el Tribunal Supremo— se han identificado cinco operaciones concretas. Entre ellas destacan:
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El rescate otorgado por la SEPI a Tubos Reunidos S.A. por 112,8 millones de euros.
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La adjudicación de un contrato de Mercasa a Servinabar 2000 SL por 18.119,75 euros.
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Un contrato del Parque Empresarial Principado de Asturias por 2,8 millones de euros.
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Pagos de Enusa a un despacho de abogados.
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Una ayuda de Sepides a Arapellet S.L. por 17,3 millones de euros.
Los indicios iniciales apuntan al uso de facturación falsa y pagos por servicios no realizados. La operativa sería similar a la detectada en las relaciones de Servinabar con Acciona, donde se abonaban comisiones de aproximadamente el 2 % por supuestos trabajos inexistentes.
La investigación también alcanza de manera indirecta a Santos Cerdán, aún no imputado, pero bajo vigilancia por sus vínculos con Alonso y su presunta participación en Servinabar, mientras continúa siendo investigado en otra causa tras haber salido de prisión preventiva.
