Tendrá que comparecer en calidad de testigo y, por tanto, tiene obligación de decir la verdad; hasta el momento no se ha pronunciado
Es el gran tapado del asunto de la riada de Valencia. Nadie ha hablado de él, ni él mismo. Pero el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, tendrá que dar su versión de lo ocurrido el pasado 29 de octubre de 2024 sobre los dramáticos acontecimientos.
En su momento, evitó hablar en la comisión del Ayuntamiento de Valencia con el objetivo de analizar las causas de los daños que ocasionó la riada. Incluso ha llegado a esquivar a los medios de comunicación.
Pero la jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, ha emitido un auto en el que le llama a declarar en calidad de testigo. Responde así a la solicitud de la defensa del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, quien pedía que lo hiciese como imputado. No obstante, la jueza es clara en este punto. “No concurren indicios de delito que justifiquen la atribución de la condición de investigado”.
La Generalitat de Valencia ha defendido que actuó en base a los datos que tenía a su disposición. Y señala a la CHJ por haber dejado de emitir información sobre el caudal del barranco del Poyo entre las 16:13 y las 18:43 horas.
Se trata de un periodo de tiempo en el que no se enviaron correos electrónicos de aviso, aunque el SAIH (sistema automático de información hidrológica) sí continuó recabando los datos del caudal.
En respuesta a la defensa de Argüeso, la jueza afirma que los responsables de Emergencias de la Generalitat valenciana debían conocer la existencia del SAIH y cómo acceder a él.
«Conocimiento claro»
Además, señala que la provincia de Valencia estaba en emergencia por “un gravísimo riesgo de inundación” y hace referencia a un mensaje que envío Argüeso a las 14:44 horas en el que decía «los barrancos están a punto de colapsar». Según la jueza, este wasap “supone un conocimiento claro de que podían producirse desbordamientos, no solo por la zona de Carlet, sino respecto del barranco del Poyo”.
Así, se reafirma en su tesis de que la Generalitat valenciana era la que estaba al mando de la emergencia. “Se olvida de manera reiterada que debe existir una conexión entre los fallecimientos, la posición de garante y la inactividad de quien ocupaba dicha posición”.
Rechaza, por tanto, la responsabilidad penal que la defensa del ex secretario autonómico de Emergencias pretende atribuir al presidente de la CHJ.
Además de a Miguel Polo, la jueza tomará declaración a una docena de testigos más.
