Este próximo mes de noviembre ser renovará la Cámara de los Representantes, un tercio del Senado y varios gobernadores
Estados Unidos entra en un nuevo ciclo electoral cuando se cumple un año de la segunda investidura de Donald Trump como 47.º presidente del país. El próximo 3 de noviembre se celebrarán las elecciones legislativas de mitad de mandato (midterm elections), en las que se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 senadores, así como las gobernaciones de 36 estados y tres territorios, incluido Puerto Rico.
Tradicionalmente, estos comicios suelen ser desfavorables para el partido que ocupa la Casa Blanca. Una derrota amplia puede convertir al presidente en un “pato cojo”, limitando seriamente su capacidad de impulsar reformas, aprobar presupuestos o nombrar jueces del Tribunal Supremo. Actualmente, el Partido Republicano mantiene una ajustada mayoría en ambas cámaras, por lo que el objetivo del equipo de Trump es, como mínimo, conservar ese control.
La inmigración como prioridad electoral
En las elecciones de mitad de mandato, los temas de política interna suelen pesar más que los asuntos internacionales. Consciente de ello, la administración Trump ha decidido reforzar uno de los pilares que le permitió ganar las elecciones de 2024: la lucha contra la inmigración ilegal.
Cierre de fronteras, deportaciones y remigración
Durante una rueda de prensa en la que abordó la intervención militar en Venezuela del pasado 3 de enero —operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa—, Trump afirmó que “un millón de venezolanos” residentes en Estados Unidos ya pueden regresar a su país. Cabe recordar que en 2024 su Gobierno revocó el estatus de protección temporal (TPS) concedido por la administración Biden, que permitía a los venezolanos trabajar legalmente y evitaba su deportación.
Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró el 16 de enero que la frontera estadounidense es “la más segura de la historia”, apoyándose en cifras de detenciones y expulsiones. Según datos oficiales, en 2025 se produjeron 622.000 deportaciones.
Entre las medidas más recientes destaca la suspensión temporal de visados laborales para ciudadanos de 75 países a partir del 21 de enero, decisión adoptada por el Departamento de Estado que dirige Marco Rubio.
Restricciones a los visados de trabajo
Ya en septiembre, el Gobierno impuso una tarifa de 100.000 dólares para las visas H-1B, utilizadas por empresas estadounidenses para contratar profesionales extranjeros altamente cualificados en sectores como tecnología, ingeniería, sanidad o educación. Este programa, vigente desde 1990, ha beneficiado principalmente a trabajadores de origen indio.
Con la nueva normativa, se prohíbe la entrada por motivos laborales a ciudadanos de 75 países, incluidos algunos europeos (como Rusia o Bosnia) y otros considerados aliados estratégicos, como Egipto, Siria o Jordania. Se mantienen, no obstante, los visados de turismo y estudios.
El Ejecutivo justifica estas medidas como una forma de proteger la economía y los impuestos de los estadounidenses, argumentando que ciertos inmigrantes hacen un uso abusivo de los programas públicos de asistencia social, como sanidad, educación o vivienda.
Entre los países afectados figuran Colombia, Nicaragua, Guatemala, Marruecos, Argelia y Senegal. En contraste, en España los ciudadanos de estas nacionalidades suelen acceder a servicios públicos en igualdad de condiciones con los nacionales, incluso en situaciones administrativas irregulares.
Impacto económico: vivienda y seguridad
La Casa Blanca no pierde ocasión de difundir los datos que respaldan su estrategia migratoria. El pasado domingo 18, el Gobierno publicó en redes sociales una lista de delincuentes detenidos por el ICE en Minnesota, un estado gobernado por demócratas donde recientemente se destapó un importante fraude vinculado a la comunidad somalí, asentada en la región desde los años noventa.
Dentro del balance de “promesas cumplidas”, el Ejecutivo también destaca la reducción de muertes por sobredosis de fentanilo, atribuida al refuerzo del control fronterizo con México. Según cifras federales, 73.000 personas fallecieron por sobredosis en los 12 meses finalizados en agosto de 2025, lo que supone un descenso del 21 % respecto al periodo anterior.
Descenso del precio de la vivienda
Otro argumento clave es el impacto sobre el mercado inmobiliario. El 14 de enero, la oficina presidencial aseguró en la red social X que en 14 de las 20 ciudades con mayor población de inmigrantes indocumentados, los precios de la vivienda bajaron en diciembre en comparación con el año anterior. En cambio, las únicas tres ciudades donde se registraron ligeros aumentos son “ciudades santuario”, gobernadas por alcaldes demócratas.
