Ejercía como consejera de Economía y Hacienda en pasos previos a la adjudicación de las obras bajo sospecha en el túnel de Belate
El origen de la presunta trama corrupta en pleno corazón del PSOE y del Gobierno de España arranca en Navarra. Allí Santos Cerdán ejercía su influencia. Allí quedan salpicadas, entre otras, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, que no piensa dimitir, de momento. Pero también a la actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
La ministra PSOE de Pedro Sánchez ejercía como consejera de Economía y Hacienda del Ejecutivo Foral entre 2022 y 2023, un momento clave para la posterior adjudicación del desdoblamiento del túnel de Belate, la mayor obra a la que accedió Servinabar. En esta empresa tenía un 45% de participaciones Santos Cerdán, según los últimos documentos entregados al Tribunal Supremo.
Es el caso de las obras de Belate el que cerca al Ejecutivo de Chivite, aunque ella trata desligarse de él, al igual que todo el PSOE.
Denuncia de UPN
Pero, tal y como denuncia UPN, desde el Gobierno de la Comunidad Foral se maniobró para blindar, vía presupuestos autonómicos en 2022 y 2023, la figura del funcionario que ejerció como presidente en la mesa de contratación para que no fuera jubilado.
“De manera excepcional, se autoriza la permanencia en el servicio activo por encima de los 70 años de edad del personal adscrito al Departamento de Cohesión Territorial dentro de la Dirección General de Obras e Infraestructuras”, se lee en una disposición adicional de este texto publicado en el BOE en enero de 2023 y cuya responsable política última era Elma Saiz.
Cesó como consejera
Casualmente, poco después, en agosto, Saiz cesó como consejera y tras las Elecciones Generales adquirió la cartera ministerial que hoy ostenta.
Finalmente, en esa mesa de contratación, pese a emitir los tres técnicos jurídicos un voto particular aduciendo irregularidades, el contrato para Servinabar salió adelante.
Un trámite que desde UPN denuncian que se desniveló desde la propia presidencia de la Mesa y que, después, pese a las advertencias, no se llevó a la Junta de Contratación de Navarra.
