Muchas medidas anunciadas son redundantes o ya existen, según los jueces; Jueces para la Democracia pide dotar las medidas de presupuesto
Ha sido un brindis al sol, o quizás mejor, un brindis a sus fans ultras, a sus fans filoetarras, comunistas e independentistas. Todo para prorrogar su caótica presidencia. Pedro Sánchez lo ha anunciado: en plena crisis por presunta corrupción criminal donde él mismo está bajo sospecha anuncia un plan anticorrupción. Según lo expertos, es una mera pantomima. Otra más del Sanchismo.
Las primeras reacciones de las asociaciones judiciales al plan Sánchez anticorrupción en el Congreso no se han hecho esperar. Presenta serias carencias de fondo. Así lo asegura la segunda asociación en número de afiliados, Francisco de Vitoria, que considera que para combatir realmente la corrupción, “no basta con anunciar agencias nuevas o herramientas tecnológicas” si no se garantiza antes algo esencial: la independencia efectiva del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal.
“Sin blindar a la Fiscalía de injerencias del Ejecutivo, medidas como otorgar la instrucción penal a los fiscales resultan muy preocupantes”, señala Sergio Oliva , su portavoz de Francisco de Vitoria.
Además, muchas de las medidas anunciadas anticorrupción son redundantes o ya están vigentes. Por ejemplo, la protección a los denunciantes ya está contemplada, y el decomiso de bienes ya es posible en nuestro ordenamiento penal. También existen mecanismos para impedir que empresas condenadas por corrupción contraten con la Administración. “Repetir lo que ya existe no es reformar, es marketing”. Una auténtica pantomima política del Sanchismo.
Agencia de Integridad Pública
La creación de una nueva Agencia de Integridad Pública tampoco parece responder a una necesidad real: ya contamos con órganos especializados como la Fiscalía, los jueces, las Fuerzas de Seguridad o el Tribunal de Cuentas.
Advierte la asociación de que se corre el riesgo de que estemos “ante medidas de maquillaje porque no están acompañadas de presupuesto”. Sin dotación de medios materiales y personales no tiene eficacia alguna otorgar preferencia a causas con cargos públicos.
Ley de Enjuiciamiento Criminal
En este sentido reclama una reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita los plazos de instrucción.
Desde Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), su portavoz, Edmundo Rodríguez, señala que las medidas “precisarán desarrollo, concreción, un amplio debate público y dotación de medios para que la administración de justicia pueda responder con mayor eficacia que en la actualidad”.
Rodríguez considera interesante que se amplíe el plazo de prescripción para perseguir los delitos de corrupción pero, a su juicio, y en la línea de Oliva, ve esencial que por un lado se aumenten los plazos máximos de instrucción que limita el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Además, JJpD echa de menos abordar la cuestión del nombramiento de asesores, que debería regularse con mayor rigor que en la actualidad. En los tribunales ya se han detectado casos de asesores que no realizan esa función o trabajan directamente para un partido.
