Se investiga un presunto uso indebido de los 53 millones que le dio la SEPI cuando la presidió Vicente Fernández, detenido ayer
La Policía registra desde primera hora de este jueves la sede de Plus Ultra en Alcobendas, según confirmaron fuentes de la propia aerolínea al digital The Objective. El registro se enmarca en la investigación que abrió la Audiencia Nacional tras la denuncia presentada en octubre de 2024 por la Fiscalía, relativa al presunto uso indebido de los 53 millones de euros que la SEPI otorgó a Plus Ultra en 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
Según la denuncia, parte de ese dinero público sirvió para devolver préstamos a sociedades investigadas en Francia y Suiza por blanqueo de capitales relacionado con la narcodictadura socialista venezolana.
Así se aprobó el rescate exprés durante la pandemia
Plus Ultra, aerolínea con seis aviones, solicitó el rescate al Gobierno de Sánchez el 1 de septiembre de septiembre de 2020. La empresa alegó estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, pero auditorías posteriores detectaron riesgos fiscales por retenciones no practicadas, impuestos pendientes y deudas con la SS que la compañía solo aplazó una vez iniciado el proceso.
El consejo gestor de la SEPI declaró la operación “conforme” y calificó a la aerolínea como estratégica el 9 de febrero de 2021, solo unas semanas después de que el fondo comenzara a funcionar. En esa reunión justificaron la ayuda porque «recuperar la conectividad es esencial para recuperar el turismo». En ese momento solo contaban con el plan de viabilidad presentado por la propia empresa, sin informes jurídicos ni financieros independientes.
La autorización definitiva del desembolso de 53 millones (19 millones en préstamo ordinario y 34 millones en préstamo participativo) llegó los días 2 y 3 de marzo de 2021. Todas las actas reflejan unanimidad entre los miembros del consejo.
El informe pericial que cuestiona todo el proceso
Un informe pericial de 499 páginas, elaborado por orden del Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid, concluye que existen «dudas más que razonables» sobre si Plus Ultra cumplía los requisitos para recibir la ayuda pública.
Los peritos señalan especialmente la incertidumbre sobre si la compañía ya estaba en crisis el 31 de diciembre de 2019, lo que la habría excluido automáticamente del rescate según la normativa europea.
Además destacan la falta de documentación de un préstamo participativo de 6,3 millones concedido en 2017 por la entidad panameña, Panacorp, la omisión en las cuentas de 2019 de provisiones por dos procedimientos judiciales abiertos y la cancelación posterior de una deuda de 8,9 millones con bonistas que podría haber ocultado insolvencia técnica.
Estos hallazgos ponen en duda la veracidad del balance que Plus Ultra presentó a la SEPI y, por tanto, la legitimidad de todo el rescate. La investigación sigue abierta en la Audiencia Nacional.
