La APM exige el cese inmediato de la intromisión y las descalificaciones del Gobierno contra los magistrados que condenaron al fiscal general
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) emitió un duro comunicado contra los ataques recibidos por parte de Sánchez y sus cómplices políticos y mediáticos ante una sentencia judicial desfavorable para sus intereses: la condena del delincuente, García Ortiz, ex fiscal general del Estado
El yerno de Sabiniano atacó al Poder Judicial cuando se conoció el veredicto condenatorio, olvidando su deber de respetar las sentencias, porque detenta la presidencia del Gobierno. Semejante intromisión y desprecio a los jueces fue el pistoletazo de salida para la actual campaña de criminalización de los magistrados.
En ese contexto, la APM emitió un comunicado que se suma al conjunto de la Asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente; con la habitual ausencia de la asociación izquierdista, cuyo progresismo no parece reñido con los ataques a los jueces desde la no menos izquierdista, Moncloa.
Intromisión directa y desautorización del Poder Judicial sin conocer siquiera la sentencia íntegra
Los jueces de la APM consideran en su comunicado que Sánchez vulneró la separación de poderes al cuestionar públicamente una sentencia del Tribunal Supremo que aún no era definitiva.
La APM señala que Sánchez realizó “afirmaciones categóricas en torno a la culpabilidad” de un asunto que el Tribunal Supremo todavía juzgaba. Para la asociación, esas palabras quebrantan “el deber de respeto” que debe guardar cualquier responsable institucional hacia los tribunales.
Los magistrados también critican la reacción del presidente tras conocer el sentido adelantado del fallo de la Sala Segunda. Según el comunicado, Sánchez desautorizó la decisión “sin siquiera aguardar a conocer las razones” por las que el tribunal condenaba al Fiscal General del Estado.
Ataques gubernamentales a la independencia judicial
La asociación advierte que las insinuaciones del Gobierno sobre revisar las competencias de los jueces para tutelar derechos fundamentales “colisionan frontalmente con el propio texto constitucional”.
La APM cierra su texto recordando el juramento que todos los magistrados prestaron al ingresar en la carrera judicial: seguirán dedicando “lo mejor de nosotros mismos a la tarea de administrar recta e imparcial justicia frente a todos”. Los jueces garantizan así a la sociedad que mantendrán su independencia ante cualquier presión política.
