La UCO investiga una empresa nacida en la avalancha migratoria de 2024, cuando Sánchez obligó a las Comunidades a repartirse los pateristas
Entre las múltiples líneas de negocio de la presunta trama de la «SEPI paralela» también figuraba la acogida de ilegales de Canarias. La UCO investiga una empresa nacida en plena oleada de llegadas irregulares a las islas en 2024, cuando el Gobierno del yerno de Sabiniano reformó la Ley de Extranjería para obligar las comunidades autónomas a repartirse los inmigrantes que saturaban el archipiélago.
Carmelo Aznárez, empresario que administra Mediaciones Martínez —sociedad ahora llamada Promociones Inmobiliarias Ku-Ma—, lanzó Residencias Tuteladas de Aragón, sociedad con sede cerca de Zaragoza.
Esta compañía inició operaciones el 21 de marzo de 2024 y se dedica a la acogida residencial para inmigrantes y ejecución de proyectos de integración de los ilegales, aunque también incluye servicios en centros residenciales de ancianos.
Nacimiento de Residencias Tuteladas de Aragón en medio de la avalancha migratoria
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sitúa a Mediaciones Martínez en el centro de la supuesta trama que afecta al entorno de la SEPI. Los investigadores creen que esta sociedad canalizaba las comisiones que cobraba el grupo Hiroruk, formado por Leire Díez, Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso, quienes obtenían beneficios económicos al facilitar rescates y contratos públicos a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
Según resume The Objective, Aznárez actuaría como recaudador que gestionaba esas mordidas para empresas que usaban los contactos del grupo en entidades de la SEPI. «En la perfección de este sistema, los integrantes del grupo (Hiroruk) habrían actuado de forma coordinada con el propósito finalista de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones», señala el auto del juez, quien dejó en libertad con medidas cautelares a los miembros del grupo.
Los investigadores sostienen que el grupo Hiroruk intervino en al menos cinco presuntos amaños «obteniendo decisiones favorables a sus intereses provenientes de diversas Administraciones Públicas y a través de diferentes cargos públicos, implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI».
En total, esas operaciones en las que mediaron supondrían unos 132,9 millones para el erario. Por esa tarea habrían cobrado algo más de 750.000 euros.
