La Guardia Civil pone su foco en el actual ministro de transportes
La investigación de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán ha comenzado a involucrar a Óscar Puente, tras la aparición de una subvención de 40 millones de euros otorgada por su Ministerio para la construcción de los túneles de Belate. Esta obra, actualmente en manos de Acciona, aparece reflejada en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) enviado al Tribunal Supremo. Según adelantó El Confidencial, la ayuda económica se menciona en varias ocasiones y podría integrarse formalmente en el conjunto de adjudicaciones bajo investigación.
Origen del proyecto antes del mandato de Puente
Los investigadores señalan que el proyecto se gestó antes de que Puente asumiera Transportes. La UCO indica que las negociaciones para asegurar el respaldo estatal y la planificación de la obra se remontan a 2019, cuando José Luis Ábalos era ministro de Fomento. Aunque la adjudicación final se materializó en 2023, el informe confirma que los contactos y preparativos ya se habían iniciado cuatro años antes.
Como evidencia, la Guardia Civil incluye una fotografía de la reunión celebrada el 25 de noviembre de 2019, en la que participaron el entonces secretario de Estado de Infraestructuras Pedro Saura, el exdirector general de Carreteras Javier Herrero (imputado en el caso Koldo), el consejero navarro Bernardo Ciriza y Santos Cerdán, entonces diputado por Navarra. Tras este encuentro, el Ministerio respaldó públicamente la duplicación de los túneles.
Subvención de 40 millones bajo la gestión de Puente
Con Puente al frente del Ministerio de Transportes, el Consejo de Ministros aprobó en octubre de 2024 una aportación de 40 millones de euros, repartida en tres ejercicios presupuestarios, destinada a la modernización de los túneles de Belate y Almandoz, situados en la carretera N-121-A. La UCO destaca que, al momento de la concesión, ya existían dudas sobre el proceso de adjudicación y críticas técnicas en la mesa de contratación.
La adjudicación de las obras, realizada en diciembre de 2023 por el Gobierno de Navarra presidido por María Chivite, recayó en una UTE formada por Acciona, Servinabar (empresa vinculada a Cerdán) y Excavaciones Fermín Osés, por un importe total de 76 millones de euros. Debido a este contexto, los investigadores han planteado al magistrado del Supremo Leopoldo Puente evaluar la inclusión del proyecto dentro del bloque principal de adjudicaciones bajo sospecha.
Otros contratos bajo escrutinio del Supremo
El caso de los túneles no es el único foco que afecta al ministro. Durante su mandato, Transportes adjudicó 2,2 millones de euros en fondos europeos a dos empresas señaladas por el empresario Víctor de Aldama ante el Tribunal Supremo: Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), ambas actualmente en investigación judicial.
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OPR recibió más de 2 millones de euros junto a Grulop 21 para construir una pasarela peatonal en Granada.
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LIC obtuvo casi 2 millones por trabajos en la autovía A-42, a su paso por Getafe.
Puente defendió públicamente estas adjudicaciones, restando relevancia a algunas pruebas presentadas por Aldama.
Adjudicación de emergencia por la riada de Valencia
A este conjunto de contratos se suma la intervención de emergencia tras la riada de Valencia. En noviembre de 2024, Adif encargó a Azvi SA la reparación de infraestructuras en la línea C3 de Cercanías, en el tramo Buñol-Utiel, con un contrato superior a 14,9 millones de euros, financiado posteriormente con fondos europeos.
Se ha señalado que Azvi contrató a Koldo García por 6.000 euros mensuales para labores de expansión internacional, un extremo que la compañía ha negado. No obstante, Aldama afirmó en sede judicial haber recibido 18.000 euros por mediar en la adjudicación de un contrato a esta empresa.
