La presunta organización criminal que operaba a través de Villafuel pudo influir en Transportes, Industria y Transición Ecológica mediante favores y dinero
La trama de hidrocarburos contaminó de chapapote tres ministerios. La UCO de la Guardia Civil ha situado a los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas, dueño de Villafuel, como los máximos responsables de una presunta organización criminal dedicada a defraudar a Hacienda en el sector de los hidrocarburos. Los agentes afirman que ambos controlaban completamente la estructura delictiva y otra paralela creada para blanquear el dinero ilícito.
La Guardia Civil asegura que existen «indicios bastantes que apuntan a una posible penetración de la organización criminal» en los niveles directivos de los ministerios de Transportes, Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica. El objetivo era conseguir que Villafuel obtuviera la autorización para operar en el mercado mayorista de hidrocarburos aunque no cumplía los requisitos legales.
En concreto, entre 2022 y 2024, Villafuel SL generó un supuesto fraude fiscal superior a los 182 millones de euros mediante el impago del IVA en sus operaciones de Hidrocarburos y con impago sistemático del IVA.
Según el informe, la trama operaba a través de Villafuel y otras empresas vinculadas. Los investigadores no tienen dudas: «Ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras». Aldama actuaba como puente gracias a su cercanía con el exministro José Luis Ábalos, indica El Debate.
Autorización ministerial ‘exprés’ e ‘ilegal’ para Villafuel
Aldama y sus socios solicitaron dos veces la licencia de hidrocarburos. La primera, inadmitida, en enero de 2021, y la segunda en julio de 2022. Villafuel obtuvo la licencia del Ministerio de Transición Ecológica a los dos meses, tras varias reuniones de Koldo con jefes de Gabinete de ministros para agilizar los trámites, confirma la UCO.
La infiltración ministerial de la trama tuvo lugar gracias al acceso que tenía Aldama al entorno de Ábalos, para «influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a la Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos». «Todo ello a cambio de una contraprestación económica», subraya el documento.
Los investigadores detallan que los pagos salían de Claudio Rivas, pasaban en algunos casos por la empresaria Carmen Pano y terminaban en manos de Víctor de Aldama o de terceros. Pano declaró en sede policial y judicial «manifestó haber hecho entregas en efectivo» coincidiendo con las primeras reuniones oficiales en el Ministerio de Industria.
La rama de hidrocarburos se infiltró a través de jefes de gabinete ministeriales
Como avanzó The Objective, Koldo logró que Juan Ignacio Díaz Bidart, director de Gabinete de la entonces titular de Industria, Reyes Maroto, recibiera en el ministerio a los empresarios de la trama. Koldo también logró el apoyo de Marc Pons, jefe de Gabinete de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
La UCO subraya que se todo se tramitó «a cambio de una contraprestación económica». Los investigadores a UCO recoge una conversación del 27 de diciembre de 2020 en la que Koldo García, remitió a un interlocutor «cuatro enlaces del portal inmobiliario Idealista relativos a propiedades en venta», entre ellas el inmueble de La Alcaidesa (Cádiz) que meses después la trama puso a disposición de Ábalos.
Los agentes consideran que Ábalos pudo designar a Díaz Bidart para mantener la relación institucional con los miembros de la organización, aunque al principio hubo confusión porque la competencia real estaba en otro ministerio.
