Entre los cinco arrestados también está el empleado de la empresa municipal de vivienda despedido por su implicación en la operación
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han llevado a cabo detenciones este martes en relación con un supuesto pelotazo urbanístico vinculado a la venta de una parcela en la zona de El Higuerón, en Sevilla. Entre los arrestados se encuentran el socialista Rafael Pineda, exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, su esposa y un empleado de la empresa municipal de vivienda Emvisesa, quien fue despedido por su implicación en la operación.
La investigación, a cargo del Juzgado de Instrucción número diez de Sevilla, se centra en la venta de dicha parcela a la esposa de Pineda, lo que ha generado sospechas de irregularidades en el proceso.
Pineda, quien ocupó su cargo hasta el verano pasado, se encuentra bajo sospecha por posibles abusos en el ámbito urbanístico, en un caso que pone de relieve las conexiones entre la política local y el sector inmobiliario.
Favoritismo e irregularidades
Según fuentes cercanas a la investigación, la operación involucra a Emvisesa, la empresa municipal responsable de la gestión de viviendas en Sevilla, y podría implicar favoritismos o irregularidades en la adjudicación de terrenos públicos. El empleado detenido, cuya identidad no ha sido revelada, fue cesado precisamente por su rol en esta transacción controvertida.
Este escándalo se suma a una serie de casos de corrupción urbanística en Andalucía, recordando episodios pasados como el caso Malaya o ERE, aunque en esta ocasión se enfoca en figuras del Partido Socialista. Las autoridades no han proporcionado más detalles sobre las imputaciones específicas, pero se espera que en las próximas horas se amplíe la información a medida que avancen las diligencias.
Operación en curso
La Guardia Civil ha confirmado que las detenciones forman parte de una operación en curso, y no se descartan más arrestos relacionados con el mismo asunto. Rafael Pineda, un veterano en la política andaluza, no ha emitido declaraciones públicas hasta el momento.
Este suceso ha generado reacciones en el ámbito político local, con llamadas a mayor transparencia en las operaciones inmobiliarias municipales. Emvisesa, por su parte, ha declinado hacer comentarios, remitiendo cualquier consulta a las autoridades judiciales.
