Según informaciones, la Guardia Civil habría reunido «pruebas determinantes» que lo vinculan directamente con la trama de las mascarillas
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se prepara para entregar esta semana un informe determinante al juez de la Audiencia Nacional, que podría marcar un antes y un después en el llamado caso Koldo. Según ha adelantado OkDiario, el documento incluiría pruebas concluyentes que vincularían al actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con la polémica trama de adjudicaciones irregulares durante la pandemia.
Pruebas que podrían derivar en una imputación ante el Tribunal Supremo
El informe, que podría ser presentado este martes, contendría evidencias que comprometerían directamente a Torres en contratos presuntamente irregulares durante su etapa como presidente del Gobierno de Canarias. De confirmarse su contenido, la Fiscalía podría solicitar su imputación ante el Tribunal Supremo, debido a su condición de aforado.
Será el magistrado Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, quien determine si los indicios recopilados por la UCO son lo suficientemente sólidos para elevar la causa al alto tribunal. No obstante, se espera que el contenido íntegro del informe tarde varios días en hacerse público, como ocurrió en anteriores fases del caso que salpicó a figuras como José Luis Ábalos y Santos Cerdán.
Contratos millonarios y mascarillas no homologadas
Los investigadores sostienen que, durante la crisis sanitaria, el Gobierno canario adjudicó contratos por más de 12 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, para la compra de mascarillas FFP2 y KN95. De los 4,7 millones de unidades suministradas, al menos 837.800 mascarillas eran falsas o no cumplían con los estándares de homologación.
A pesar de ello, según las diligencias judiciales, el entonces presidente autonómico habría autorizado pagos a precios inflados para beneficiar presuntamente a la red liderada por Koldo García, exasesor de Ábalos. Las pruebas apuntan a que Torres mantenía contacto directo con miembros clave de la trama.
La Moncloa, en estado de alerta por posibles consecuencias políticas
Desde el entorno del Gobierno se reconoce que una posible imputación del ministro Torres podría representar un grave daño político para Pedro Sánchez, ya cuestionado por los múltiples casos de corrupción que afectan a su círculo más cercano. El clima se ha tensado aún más tras revelarse que Ábalos y Koldo habrían recibido sobres con dinero en efectivo, según informes recientes de la Guardia Civil.
También se investigan actuaciones previas como alcalde de Arucas
La UCO ha ampliado su investigación a la etapa anterior de Torres como alcalde y concejal de Arucas (Gran Canaria). En este ámbito, se indagan supuestas comisiones ilegales y favoritismos hacia empresarios locales con antecedentes penales. Fuentes judiciales aseguran que durante esos años existían vínculos estrechos entre Torres y ciertos grupos empresariales con historial delictivo.
Correos y mensajes comprometedores
El nombre de Ángel Víctor Torres también aparece en correos electrónicos y mensajes analizados por los investigadores. En uno de ellos, enviado por Víctor de Aldama el 16 de julio de 2020, se menciona una reunión mantenida el día anterior:
“Buenas tardes, Ángel Víctor, soy Víctor de Air Europa, estuvimos ayer un momento por la tarde…”
En el mensaje, Aldama ofrece pruebas de detección de Covid y solicita autorización para negociar precios. Registros forenses confirman que el mensaje fue recibido y leído ese mismo día, lo que contradice las declaraciones del ministro, quien negó cualquier relación con el empresario durante su intervención en el Senado.
