Analizará el patrimonio del ex secretario de organización del PSOE y podría marcar un antes y un después en la investigación judicial que ya salpica a Torres y Armengol
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ultima para este mes el que podría ser uno de los informes más determinantes de la presunta organización criminal del ‘caso PSOE’, porque atañe a Santos Cerdán, ex Secretario de Organización del PSOE designado por Sánchez para sustituir al imputado Ábalos, otro designado por el marido de Begoña como hombre fuerte del partido y del Ejecutivo.
Antes de que acabe el mes de octubre, según fuentes cercanas a la investigación que recoge Ok Diario, los agentes entregarán al juez del Tribunal Supremo un exhaustivo análisis del patrimonio de Santos Cerdán para establecer si los incrementos patrimoniales guardan relación con las comisiones investigadas en los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia.
Qué investiga la UCO sobre Santos Cerdán y por qué es clave para el Supremo
El documento abordará el origen de sus ingresos, sus movimientos bancarios y posibles incrementos patrimoniales no justificados, lo que podría suponer un nuevo giro en el proceso que amenaza con sacudir desde sus cimientos al Partido Socialista de Sánchez, habida cuenta del cargo que ostentaban en la organización los imputados en el ‘caso PSOE’.
El juez Puente ya adelantó la semana pasada que faltaban “pruebas relevantes” para determinar el alcance de la implicación de Cerdán en la trama, y este informe podría ser precisamente la pieza que faltaba.
Gastos sufragados por empresarios presuntamente vinculados a la organización criminal
Los agentes analizan los ingresos del político navarro como diputado y como secretario de Organización del PSOE, así como los cobros y alquileres de viviendas que, en algunos casos, fueron sufragados por empresarios vinculados a la presunta organización criminal del ‘caso PSOE’.
En su declaración de bienes en el Congreso, Cerdán reconoció tener un piso en Milagro, su pueblo natal, aunque, recoge el citado medio, la investigación apunta a propiedades y rentas adicionales en Madrid que podrían no coincidir con su perfil económico declarado.
En paralelo, el juez también recibirá los informes sobre los contratos gestionados por Ángel Víctor Torres en Canarias y Francina Armengol en Baleares, ambos relacionados con la misma empresa que habría abastecido material defectuoso que, además de caro, era peligroso para los propios usuarios.
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