Esta red criminal defraudó más de 182 millones de euros en IVA e impuestos especiales sobre hidrocarburos entre 2021 y 2024
La corrupción en el Ejecutivo de Pedro Sánchez no para de crecer. Según informa Libertad Digital, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha incluido a la actual ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, en un listado de personas vinculadas a las maniobras de la conocida como «trama Hidrocarburos».
Esta red criminal defraudó más de 182 millones de euros en IVA e impuestos especiales sobre hidrocarburos entre 2021 y 2024, utilizando empresas pantalla como Villafuel S.L. para evadir controles y colocar combustible, incluso procedente de la narcodictadura venezolana, en el mercado español.
El caso, que ya salpica a figuras como José Luis Ábalos (con sobornos millonarios, incluyendo un chalet de lujo), Víctor de Aldama y Koldo García, se convierte ahora en una auténtica bomba de relojería para el PSOE.
Libertad Digital detalla que la UCO señala directamente a Aagesen por su rol como secretaria de Estado de Energía (de 2020 a 2024) en el departamento dirigido por Teresa Ribera, precisamente cuando se concedió la licencia a Villafuel pese a incumplir requisitos legales clave, como acreditar una capacidad financiera mínima de tres millones de euros.
Feminista declarada
La nueva implicación de Sara Aagesen, una feminista declarada —porque, como ella misma ha vinculado en ocasiones su defensa de la igualdad de género al marco progresista y socialista del Gobierno—, agrava la crisis en el Ministerio de Transición Ecológica.
La trama buscaba influir en resoluciones administrativas a cambio de contraprestaciones, y la UCO no duda en apuntar a los nombres de Ribera y Aagesen como facilitadores de estas autorizaciones irregulares.
Como destaca Libertad Digital, este escándalo revela una vez más cómo el Sanchismo permea las instituciones con redes de influencia y favores, conectadas incluso con regímenes autoritarios como el de Maduro.
La investigación, que se tramita en la Audiencia Nacional y prevé más imputaciones hasta 2026, pone en jaque la credibilidad del «Gobierno más progresista de la historia«.
