El ministro está en el centro de unas pesquisas que han destapado contactos con empresarios señalados por blanqueo y narcotráfico
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha elaborado un informe que acorrala al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Lo relaciona con el cobro de supuestas comisiones cuando era alcalde de Arucas, en la isla de Gran Canaria.
El documento, adelantado por OkDiario y luego La Gaceta, sitúa al dirigente socialista en el centro de unas pesquisas que han destapado contactos con empresarios señalados por blanqueo y narcotráfico.
El nombre que más se repite en la investigación es el del empresario libanés Mohamed Derbah. Es propietario de varios clubes de cannabis en Tenerife.
Derbah, acusado de liderar una red criminal con ramificaciones internacionales, se encuentra en libertad provisional tras abonar una fianza de 100.000 euros, aunque tiene la obligación de comparecer semanalmente y tiene retirados sus pasaportes. Los agentes sospechan que sus negocios sirvieron como pantalla para lavar dinero procedente de actividades ilícitas.
Según fuentes próximas al caso, el informe de la UCO, dice La Gaceta, incorpora pruebas más sólidas que otros trabajos recientes, con rastreo de transferencias y movimientos financieros vinculados a la etapa en que Torres fue regidor.
Entre esas operaciones figuran pagos que habrían beneficiado a su entorno político y que ahora se examinan dentro de la macro causa conocida como la trama de Santos Cerdán, cuyo epicentro se encuentra en la Audiencia Nacional.
Sociedades interpuestas y testaferros
Los registros policiales en locales de Derbah no hallaron grandes cantidades de droga, pero sí documentación que, según los investigadores, acreditaría la existencia de relaciones económicas con cargos del PSOE canario. Las pesquisas describen un sistema estructurado de sociedades interpuestas y testaferros, diseñado para mover capitales sin levantar sospechas.
El juez Ismael Moreno, instructor de la Audiencia Nacional, debe valorar si traslada el asunto al Tribunal Supremo. Y es que Torres, como ministro en activo, está aforado. En el alto tribunal también se estudia la situación de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, implicada en otras derivadas del caso. La decisión podría conocerse en las próximas semanas.
La defensa del ministro rechaza categóricamente las acusaciones y sostiene que existe una campaña mediática para dañar al Gobierno de Pedro Sánchez. Torres, por su parte, ha declarado estar “absolutamente tranquilo” y confía en que, una vez finalicen las diligencias, quienes han intentado “ensuciar” su nombre rectifiquen públicamente.
