El gobierno de Pedro Sánchez pagó con dinero público dicha desaladora
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto bajo la lupa la posible implicación del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la concesión de la macrodesaladora de Sidi Rahal, considerada la mayor de África. El proyecto, impulsado por Marruecos, recibió más de 300 millones de euros de financiación pública española aprobada durante el Gobierno de Pedro Sánchez.
Los investigadores centran ahora su atención en un viaje oficial del Ministerio de Transportes a Rabat en el que participaron Cerdán, el entonces ministro José Luis Ábalos y Koldo García. Según la UCO, este desplazamiento pudo haber facilitado los intereses de Acciona en Marruecos.
Un viaje clave para los intereses de Acciona
De acuerdo con un informe revelado por The Objective, Cerdán mostró desde el inicio un notable interés en integrarse en la delegación española que viajó a Marruecos. La principal hipótesis de la UCO es que su presencia respondía a un objetivo concreto: conseguir que las autoridades marroquíes firmasen un documento que permitiese a Acciona acceder a adjudicaciones sin pasar por concursos públicos.
Años después, la compañía obtuvo uno de sus mayores contratos internacionales: la construcción de la desaladora de Casablanca, un proyecto en el que participa un consorcio vinculado al primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch.
El papel de Servinabar y la financiación española
La UCO analiza también si la influencia de Cerdán y la intermediación de la empresa Servinabar resultaron decisivas para cerrar un proyecto que depende en gran medida de fondos procedentes del Estado español. En mayo de 2024, el Gobierno anunció una aportación mínima de 340 millones de euros, entre créditos y seguros públicos, para impulsar la desaladora marroquí.
Una conversación intervenida por los agentes refuerza esta línea de investigación. En ella, el empresario Joseba Antxon Alonso comenta a un directivo de Acciona que “desde España se está presionando a Marruecos”. Fuentes del caso confirman que el país magrebí es ahora un punto central en esta nueva fase de la investigación.
Cómo Acciona ganó la desaladora de Sidi Rahal
La adjudicación se resolvió en noviembre de 2023. Acciona logró imponerse a otros cinco consorcios —algunos de ellos con presencia española— gracias, según rivales, al respaldo decisivo de Green of Africa y AfriquiaGaz, empresas integradas en el grupo Akwa, propiedad de Ajanuch. La participación directa del entorno del primer ministro marroquí sería, a juicio de competidores, el factor que inclinó la balanza.
Las obras comenzaron en verano de 2024, aunque Marruecos dejó claro que no asumiría el coste total. España intervino entonces con una financiación que incluye 250 millones del FIEM, 70 millones avalados por el Estado y 31 millones del FIEX, lo que sitúa la aportación pública española en torno al 40% del proyecto.
Posible memorando entre Acciona y Servinabar
La UCO investiga si Acciona y Servinabar firmaron un memorando de entendimiento similar al que, según los agentes, habría permitido desviar en España un 2% de contratos públicos hacia el entorno de Cerdán, donde aparecen también Ábalos y Koldo García. Un documento de este tipo demostraría la participación activa de Cerdán en la operación marroquí y explicaría su insistencia en viajar con la delegación oficial.
Para esclarecer este punto, los agentes han registrado sedes de Acciona en Madrid y Bilbao, así como varios domicilios vinculados al exdirectivo Justo Vicente Pelegrini, en busca de contratos o acuerdos que acrediten la existencia del memorando. Entre las cuentas intervenidas figura una del Bank of Africa, institución con estrechos lazos con la monarquía marroquí.
Un proyecto que une intereses políticos y empresariales
El avance de la investigación desplaza el foco hacia el megaproyecto marroquí sufragado con dinero público español. En este nuevo escenario, Santos Cerdán ocupa un papel central para entender cómo pudieron confluir los intereses empresariales, las relaciones diplomáticas entre Moncloa y Rabat y los fondos del contribuyente en la mayor desaladora del norte de África.
